El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha reiterado este miércoles el compromiso "inquebrantable" del Gobierno andaluz con la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que será posible una vez que se hayan resuelto los requisitos de obligado cumplimiento para poner en marcha este proyecto, el cual "sigue estando en la agenda del Gobierno andaluz".

Durante su intervención en el Parlamento andaluz en la comisión de Justicia e Interior, De Llera ha criticado "la falta de entendimiento" en este asunto con el anterior gobierno municipal liderado por Juan Ignacio Zoido (PP) y ha destacado que este "desacuerdo quedó despejado de inmediato" con el nuevo gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE), que "desde el minuto uno" vio los terrenos de Los Gordales "como la mejor ubicación posible".

Al hilo de ello, y a propuesta del grupo parlamentario del PP-A, el consejero del ramo ha informado sobre el estado de las negociaciones de la Comisión Técnica entre la Consejería de Justicia e Interior y el Ayuntamiento de Sevilla para la construcción de la Ciudad de la Justicia, constituida en julio de 2015 a fin de "analizar todas las premisas para su localización concreta" en Los Gordales. Al respecto, De Llera ha apuntado que dicha comisión técnica ha mantenido ya cinco sesiones de trabajo, en las que se han estudiado las diversas circunstancias urbanísticas, técnicas, jurídicas y patrimoniales que concurren en la parcela de Los Gordales.

Según ha precisado, esta fase del trabajo ya está terminada, a falta del informe final de conclusiones, que se elaborará una vez que el Ayuntamiento pueda mantener un contacto con el Gobierno central, como propietario mayoritario de los terrenos, un encuentro que el consejero ha confiado se pueda producir una vez que el Ejecutivo de la nación ha dejado ya de estar en funciones.

Mantenimiento de las actuales sedes judiciales

Una vez se efectué dicho informe final de conclusiones, De Llera ha explicado que se llevará a cabo la adquisición definitiva del suelo, la redacción del proyecto y la construcción de la Ciudad de la Justicia, todo ello "sin descartar ninguna fórmula de financiación". "Hasta que sea una realidad, lo lógico y sensato es seguir trabajando para garantizar el mantenimiento" de las actuales sedes judiciales, ha dicho.

De este modo, ha indicado que actualmente se están llevando a cabo las obras de sustitución de las carpinterías exteriores de los dos edificios de los juzgados en El Prado de San Sebastián, que tienen un presupuesto que supera los 700.000 euros y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética y las condiciones de trabajo y uso de las sedes que albergan los juzgados y la Audiencia Provincial de Sevilla. En una siguiente fase, la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto acometer otros trabajos de mejora, como la sustitución de los ascensores que se está llevando a cabo en el edificio de los juzgados, una vez que ya han sido renovados los de la Audiencia Provincial, y la modificación del sistema de videovigilancia mediante la instalación de una tecnología más avanzada.

Además, la Junta va a realizar una reordenación de las dependencias judiciales de El Prado para mejorar sus prestaciones. Así, en la planta primera del edificio de la Audiencia Provincial se ha acondicionado para la Fiscalía la zona que anteriormente estaba destinada al Colegio de Abogados, mientras que las oficinas del Decanato de los juzgados, que ahora se encuentran dispersas en varias plantas del edificio, se reubicarán en la planta baja. Igualmente, en el primer piso se ubicarán los servicios de psicología y en el segundo se instalarán los juzgados de Violencia, ahora ubicados en la avenida de la Buhaira, junto a una sala de espera separada para las víctimas, con todos los controles preceptivos.

En relación a los edificio judiciales de la avenida de la Buhaira 29 y 31, ambos en régimen de alquiler, el consejero ha indicado que, una vez los juzgados de Violencia se trasladen al Prado, se podrá prescindir del arrendamiento de estas instalaciones, lo que reportará a la Junta un ahorro de 280.000 euros anuales. "Todo lo anterior es perfectamente compatible con el desarrollo de las actuaciones necesarias" para ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, "que sigue estando en la agenda del Gobierno andaluz", ha finalizado el consejero.

De su lado, el parlamentario del PP-A Juan Bueno ha criticado que, una vez transcurrido un año y medio de la constitución de la comisión técnica, "seguimos sin saber absolutamente nada" de la misma, que "se ha convertido en el secreto mejor guardado de la ciudad".