Los servicios jurídicos de la Junta han admitido una posible responsabilidad patrimonial derivada de la muerte por asfixia en 2006 de un niño de 4 años en un colegio de Sevilla tras quedar atrapado en la papelera del patio de recreo del colegio Jacaranda, en Sevilla Este.

La asesoría jurídica de la Consejería de Educación considera que el hecho de que el niño se subiese a la papelera y quedase atrapado, sin que se percatasen los profesores presentes que debían estar vigilando "puede ser revelador de que las medidas de control y atención no eran suficientes o no estaban siendo desarrolladas de manera conveniente".

El accidente ocurrió al mediodía del 25 de abril de 2006, cuando el menor se quedó colgado de una de las papeleras del colegio Jacaranda de Sevilla Este y falleció por parada cardíaca por asfixia, unos hechos por los que sus padres han reclamado un millón de euros de indemnización.

Tras el archivo de la vía penal, el abogado Félix Muñoz Pedrosa, en nombre de los padres, presentó una reclamación civil por un presunto mal funcionamiento del servicio público y por la llamada culpa in vigilando, pues el niño falleció en un recreo que debía estar vigilado de manera adecuada.

La resolución de los servicios jurídicos recoge que ese día había en el patio 242 alumnos y 18 profesores, a razón de un profesor por cada 13 niños, por lo que se estaba cumpliendo la relación de un adulto por cada 25 menores que prevé la normativa.

No obstante, aprecia que se produjo "cierta disfuncionalidad" pues el niño quedó atrapado durante 3 ó 4 minutos "sin que tal circunstancia fuese advertida por ningún profesor presente en el patio", ya que fueron otros menores quienes dieron la alarma.

Por lo tanto, faltó una "efectiva vigilancia" que es "casi equiparable a la ausencia de profesor", por lo que la resolución considera que el personal presente "no desplegó toda la diligencia necesaria para prevenir el daño si consideramos que se trataba de una situación lo suficientemente duradera, perceptible y comprometida como para haber podido siquiera intentar impedir el fatal desenlace".

Los servicios jurídicos consideran que pudo haber un mal funcionamiento del servicio público, aunque la resolución apunta la posibilidad de que la Consejería de Educación reclame a su vez a los profesores que se consideren responsables de la falta de vigilancia que propició el accidente.

La resolución no cuantifica el importe de la indemnización pero señala, a título orientativo, que es aplicable a estos casos el baremo que establece la ley del seguro para accidentes de tráfico, que por una defunción es aproximadamente de 100.000 euros.

El texto circunscribe la posible responsabilidad a los profesores, pues se hace referencia al buen estado de conservación de las papeleras y no se habla de "la posible inadecuación de su diseño o colocación". Junto a ello, la víctima "a sus 4 años, estaba muy lejos de haber alcanzado el suficiente grado de madurez que le permitirera conocer los posibles resultados de sus acciones", por lo que "podemos descartar que la capacidad de discernimiento del alumno podría haber evitado el daño".