La Junta acepta su posible responsabilidad por la muerte de un niño en una papelera

  • La Asesoría Jurídica de Educación considera que el accidente "puede ser revelador de que las medidas de control y atención no eran suficientes o no eran desarrolladas de manera conveniente".

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Los servicios jurídicos de la Junta han admitido una posible responsabilidad patrimonial derivada de la muerte de un niño de cuatro años en un colegio de Sevilla, tras quedar atrapado en la papelera del patio de recreo.

En un informe, la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación considera que el hecho de que el niño se subiese a la papelera y quedase atrapado, sin que se percatasen los profesores presentes, "puede ser revelador de que las medidas de control y atención no eran suficientes o no eran desarrolladas de manera conveniente".

El accidente ocurrió al mediodía del 25 de abril de 2006, cuando el menor L.S.R. se quedó colgado en una de las papeleras del colegio Jacaranda de Sevilla Este al que asistía y falleció por parada cardíaca por asfixia, unos hechos por los que sus padres han reclamado un millón de euros de indemnización.

Tras el archivo de la vía penal, el abogado Félix Muñoz Pedrosa, en nombre de los padres, ha presentado una reclamación civil por un presunto mal funcionamiento del servicio público y por la llamada "culpa in vigilando", pues el niño falleció en un recreo que debía estar vigilado de manera adecuada.

La resolución de los Servicios Jurídicos recoge que ese día había en el patio 242 alumnos y 18 profesores, a razón de un profesor por cada 13 niños, por lo que se cumple la relación de un adulto por cada 25 menores que prevé la normativa. No obstante, aprecia que se produjo "cierta disfuncionalidad" pues el niño quedó atrapado durante tres o cuatro minutos "sin que tal circunstancia fuese advertida por ningún profesor presente en el patio", ya que fueron otros menores quienes dieron la alarma.

Por tanto, faltó una "efectiva vigilancia" que es "casi equiparable a la ausencia de profesor", por lo que la resolución considera que el personal presente "no desplegó toda la diligencia necesaria para prevenir el daño si consideramos que se trataba de una situación lo suficientemente duradera, perceptible y comprometida como para haber podido siquiera intentar impedir el fatal desenlace".

Los Servicios Jurídicos consideran que pudo haber un mal funcionamiento del servicio público, aunque la resolución apunta la posibilidad de que la Consejería de Educación reclame a su vez a los profesores que se consideren responsables de la falta de vigilancia. La resolución no cuantifica el importe de la indemnización pero señala, a título orientativo, que es aplicable a estos casos el baremo para accidentes de tráfico.

El texto circunscribe la posible responsabilidad a los profesores, pues en varios lugares del expediente se hace referencia al buen estado de conservación de las papeleras y en ningún lugar se habla de "la posible inadecuación de su diseño o colocación".

Junto a ello, la víctima "a sus cuatro años, estaba muy lejos de haber alcanzado el suficiente grado de madurez y responsabilidad que le pudiera permitir conocer los posibles resultados de sus acciones", por lo que "resulta razonable descartar que la capacidad de discernimiento del alumno pudiese haber evitado el daño".

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