La Junta ha regularizado el 90% de pisos de 'Las Vegas' y otros 300 del PolígonoSur

  • Los inquilinos pagan un precio bajo de alquiler a cambio de escolarizar a sus hijos y de apuntarse a los servicios sociales

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La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) de la Junta ha regularizado ya la titularidad de 846 viviendas de alquiler de las 950 que estaban en situación de ilegalidad en el año 2003 en la barriada Martínez Montañés, la zona más deprimida del Polígono Sur conocida popularmente como Las Vegas, y ha escriturado también más de 300 pisos en el resto del Polígono Sur. Epsa es el organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que gestiona la política de rehabilitación, regulación y escriturización de viviendas en el Polígono Sur.

En una entrevista concedida a Europa Press, el Comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, explicó que una de las intervenciones de la empresa autonómica en el Polígono Sur es el programa de rehabilitación de zonas comunes y viviendas en 4.580 pisos de régimen de compraventa con pago aplazado repartidas en 1.504 en Las Letanías, 820 en Paz y Amistad, 760 en Antonio Machado y 3.000 viviendas en la barriada de Murillo, al margen de una bolsa de 2.000 inmuebles de propiedad privada en la barriada de Nuestra Señora de la Oliva.

Se trata de rehabilitar fachadas, bajantes o equipos eléctricos, con regulación legitimada ante notario y pagando entre la Junta y la comunidad de propietarios porcentajes según el nivel adquisitivo de sus ocupantes.

Según Maeztu, el comisionado prevé que en 2008 se culminen 1.000 escrituras en todo el Polígono Sur. El otro foco de actuación de Epsa, el problema más grave, es normalizar la ocupación de 1.424 viviendas de alquiler en la barriada de Martínez Montañés, donde se ha hecho un trabajo "muy serio" de seguimiento y recuperación de inmuebles.

Los pisos nuevos se entregan con taquimotos (garajes individuales para ciclomotores), azoteas, trasteros y ascensores. El inquilino contribuye módicamente al pago a cambio de firmar un "contrato social" por el cual se compromete a "que el niño esté escolarizado o que la familia se someta al seguimiento de los servicios sociales".

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