Borrón y cuenta nueva. Ni Ciudad de la Justicia en el muelle del Batán ni en la antigua parcela de Los Gordales de Los Remedios. La nueva consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, arrojó ayer más incertidumbre sobre el complejo que debe reunir en un mismo escenario a todos los órganos judiciales dispersos en la capital hispalense.

La titular de Justicia, que ayer visitó las instalaciones de la Audiencia de Sevilla y conversó con las autoridades judiciales, afirmó que su departamento "no descarta nada" sobre la ubicación del campus tecnológico de la Justicia, una expresión acuñada por María José López, su antecesora en el cargo y artífice del cambio de emplazamiento ante la imposibilidad de disponer a corto plazo del suelo en Los Remedios.

La consejera explicó que buscará el "consenso y diálogo" de todos los operadores jurídicos en el proyecto de Ciudad de la Justicia, incluido el de los abogados de Sevilla, que desde que se anunció el traslado al muelle del Batán se han opuesto con vehemencia y que hasta ahora habían sido considerados por la Junta como los "únicos disidentes" a llevar el complejo judicial junto al puente de las Delicias. Evangelina Naranjo dijo ayer que va a conversar "con todo el mundo", al igual que, según recordó, ya hizo cuando dirigía la Consejería de Gobernación y recabó la opinión de los Bomberos en lo referente a la construcción de los parques.

Pero la necesidad de buscar consenso para el proyecto tampoco es nueva y había sido superada, al menos aparentemente, cuando el Gobierno andaluz decidió apostar por los terrenos del Puerto de Sevilla. La Consejería de Justicia ya creó, en septiembre pasado, una comisión con los jueces, fiscales y secretarios judiciales para diseñar el pliego de condiciones de un proyecto básico que fue encargado a los arquitectos de la propia consejería y de la empresa Eddea. Además, el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó, en diciembre pasado, el inicio de los trámites para la cesión de los suelos del Puerto, mediante una concesión administrativa por el que la Junta pagaría unos 200.000 euros anuales.

La Junta había estudiado incluso la financiación del coste de la obra -entre 150 y 200 millones- a través de la firma de otro contrato de concesión administrativa que incluyera la construcción del campus judicial y la gestión externa de todos los servicios de las nuevas sede judicial, desde la limpieza a la informática. El contrato tendría una validez de entre 35 y 50 años y la Junta pagaría un canon fijo anual de unos tres millones de euros, una cifra muy inferior al importe que ahora se destina al pago de los alquileres de las distintas sedes judiciales. Todo parecían ventajas en un proyecto que hasta ayer venía siendo avalado con vehemencia por la Junta y sobre el que ahora surgen dudas.

Evangelina Naranjo aseguró que el "gran esfuerzo" de la Consejería de Justicia se volcará en la creación del complejo judicial, porque los edificios del Prado de San Sebastián y la Audiencia Provincial "no dan más de sí".

La titular andaluza de Justicia eludió hablar de plazos -la Junta había prometido que el campus sería una realidad en 2010 y que los movimientos de tierras comenzarían esta primavera- y, al ser preguntada sobre este extremo, se limitó a decir que "la prisa mata" y a subrayar que hay que aprender de otras ciudades de la Justicia. "No descarto nada, voy a dialogarlo con todo el mundo", reiteró Evangelina Naranjo antes de iniciar con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, un recorrido por las distintas sedes judiciales para conocer "in situ cómo trabaja el personal de la Administración de Justicia".

La consejera aseveró, por último, que mientras se define el proyecto de Ciudad de la Justicia se realizarán las "reformas más urgentes y necesarias" de las dependencias judiciales.