El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, anunció ayer, en los desayunos de la Fundación Cámara de Comercio en el Club de Empresarios Antares, que se va a impulsar un estudio sobre la normativa urbanística con el fin de simplificarla, lo que "no sólo nos hará ser más ágiles, sino que permitirán dar un impulso a la economía de los territorios, que se traduce en empleo". Señaló que, con los principales actores urbanísticos (empresarios, colegios profesionales, organizadores ecologistas, sindicatos, etcétera), actualmente se trabaja en un nuevo paquete de medidas que permita agilizar la tramitación de los procedimientos y recortar losplazos de forma sustancial. El acto se celebró con el patrocinio de la constructora Sando.

El titular de Medio Ambiente reiteró la postura de la Junta de Andalucía frente al dragado de profundización del Guadalquivir. "Entiendan que esta Administración no puede autorizar nada que ponga en riesgo medioambiental el estuario del Guadalquivir y la protección de Doñana", dijo.

Según Fiscal, "no hay decisión ambiental sin impacto social, como tampoco debe haber atajos para el crecimiento. Atajos que después se conviertan en auténticas hipotecas sociales, una vez ya deteriorado nuestro entorno natural". El consejero aseguró que la Consejería siempre actuará con lealtad institucional y cumpliendo la legalidad vigente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, reclamó una vez más "la modernización del Puerto, su ampliación y el dragado de Río para que no se marchen las empresas. El proyecto de la vía navegable viene a construir y no a destruir". Herrero insistió en "la necesidad de poner el acento en un sistema que acredite que el Puerto de Sevilla es eficazmente sostenible y de vital importancia para el desarrollo empresarial y económico de la ciudad".

Respecto a la gestión hidráulica, el consejero de Medio Ambiente de la Junta recordó que el acceso al agua es un derecho básico que los poderes públicos deben garantizar. Reconoció el retraso en la construcción de las depuradoras contempladas en el acuerdo de Gobierno de 2010, pero valoró el porcentaje de depuración de la población andaluza, un 85%, y la programación presupuestada para este año en aguas: 266 millones de euros.