La operación Madeja, en la que se investiga una trama organizada para el pago de comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones públicas, se ha convertido en la segunda causa más voluminosa que investiga la juez Mercedes Alaya, por detrás únicamente del escándalo de los ERE fraudulentos. En el sumario, que consta de casi 9.000 folios distribuidos en 24 tomos, hay ya un total de 95 personas imputadas, entre ellas varios ex responsables políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas que presuntamente habrían intervenido en el cobro de comisiones o recibido regalos por favorecer la contratación de la empresa Fitonovo.

En el sumario de los ERE, Alaya ha imputado hasta el momento a 229 personas y ha preimputado a nueve responsables políticos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Madeja no es la segunda causa más relevante de las que investiga Alaya sólo por el número de imputados, sino también por el volumen de fianzas de responsabilidad civil que se han impuesto, por encima de los 42 millones de euros frente a los casi 3.000 millones que se han fijado en los ERE.

La mayor fianza de responsabilidad civil fijada por Alaya es la impuesta al dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, por un importe de 8,2 millones, seguida de los 5,7 millones fijados para su hijo, José Antonio González Baró, y los 4,9 millones de Juan Andrés Brugueras, director comercial de Fitonovo.

En la causa también están imputados los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, a los que se fijó una fianza civil de 620.000 euros; el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo (PSOE), al que se impuso una de 715.000 euros; y el ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. El ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP) también figura en la lista de implicados en la causa y debe hacer frente a una fianza civil de 266.000 euros.

De los 95 imputados de la Madeja -la mayoría de los cuales proceden de la operación Enredadera-, en la actualidad sólo continúa en prisión el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que está privado de libertad desde noviembre de 2014 al no haber podido satisfacer la fianza de 180.000 euros que le impuso la instructora para evitar su encarcelamiento, ni los 120.000 euros a los que se rebajó la cuantía en diciembre pasado.

La operación Madeja, cuya investigación se inició en julio de 2013 con una primera fase en la que fue detenido el ex asesor municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, se ha extendido finalmente a 12 provincias españolas, motivo por el cual la instrucción recaerá probablemente en la Audiencia Nacional, órgano competente para enjuiciar delitos que se producen en varias provincias o en los que interviene una organización criminal.

En este caso, Alaya ya ha puesto de manifiesto que los directivos de Fitonovo constituyeron una auténtica "organización criminal" que corrompía a funcionarios y responsables políticos.

La juez le ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncie precisamente sobre la "competencia" para la instrucción de la causa, pero el Ministerio Público aún no ha emitido su informe en el que debe de pronunciarse sobre si la causa de enviarse, como parece lógico, a la Audiencia Nacional para que continúe la investigación relacionada con el pago de las mordidas.

Mientras llega el dictamen de la Fiscalía, las defensas de los casi un centenar de imputados han comenzado a solicitar la práctica de diligencias, como por ejemplo la declaración de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar porque la causa continuaba bajo secreto sumario.

La Abogacía del Estado y la Diputación se personan en la causa

La Abogacía del Estado se ha personado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en representación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que se considera parte perjudicada, y también lo ha hecho la Diputación de Sevilla, que ejerce la acusación particular una vez que hay implicados en la trama varios funcionarios de la Corporación provincial. En un escrito remitido al juzgado de Mercedes Alaya, la Abogacía del Estado solicitó la personación en la causa de la operación Madeja, una vez que las investigaciones afectan a las delegaciones de Adif en Sevilla, Barcelona, Valencia y Zaragoza, y en las mismas se han visto implicados diversos trabajadores de este organismo. Por ello. Adif entiende que de los hechos investigados en este proceso se podría derivar la existencia de un "perjuicio para el ente público", razón por la cual, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguiendo instrucción de Adif, la Abogacía del Estado se ha personado en la causa que instruye la juez Mercedes Alaya. La Diputación de Sevilla, por su parte, se personó en la causa una vez que tuvo conocimiento de la imputación del jefe del servicio de Carreteras, Carlos Podio, de su antecesor en el cargo, y de un tercer funcionario adscrito a la corporación provincial.

Fitonovo está en concurso de acreedores desde mayo de 2013

La empresa Fitonovo, que Alaya sitúa en el eje de la organización que pagaba las mordidas a los funcionarios públicos, se encuentra en concurso de acreedores desde el 13 de mayo de 2014. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla declaró a Fitonovo en situación de concurso voluntario que se ha considerado además de "especial trascendencia" debido al número de trabajadores empleados por la empresa y que asciende a 217 personas. En un auto dictado ese día, el juez de lo Mercantil Eduardo Gómez López acordó asimismo nombrar administrador judicial al abogado Francisco Estepa Domínguez, si bien al tratarse de un concurso de especial trascendencia se nombró un segundo administrador, en este caso uno de los acreedores de Fitonovo.