El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha expresado este domingo su sorpresa y consternación por el desalojo de la Corrala Utopía y ha advertido de que esta decisión supone una "grave puesta en peligro" de los derechos de familias en riesgo de exclusión social, especialmente de los menores.

Maeztu ha lamentado en un comunicado remitido que los intentos de mediar para una resolución beneficiosa para todas las partes hayan sido "infructuosos". "Esta situación supone un duro contratiempo a las labores de mediación que esta Institución ha realizado desde el principio con el beneplácito de las administraciones, la entidad bancaria y los propios vecinos", ha indicado. Ha esgrimido que hasta tenía la íntima convicción de que la solución era posible e inminente, por lo que cree que este desalojo significa un importante revés tanto para esta mediación como para la negociación en curso por parte de la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento y la entidad financiera, Ibercaja, para una solución pacífica a la necesidad de vivienda de las familias afectadas.

El Defensor recuerda que ha intentado por todos los medios a su alcance que se pudiera evitar esta situación y así lo ha reiterado en numerosas ocasiones a las administraciones y a la entidad bancaria propietaria del inmueble. "Se trataba de agilizar el acuerdo de solución que habían alcanzado con la mediación de la Institución y que implicaba el realojo transitorio de las familias ocupantes del edificio en tanto la Consejería de Fomento dispusiera de una respuesta definitiva a esta demanda, a la que se había comprometido con la implicación también del Ayuntamiento de Sevilla", ha indicado.

En su opinión, la intervención policial llevada a cabo en la mañana de hoy se produce en un momento en el que ese realojo transitorio no está garantizado, por lo que conlleva una "grave puesta en peligro de los derechos de familias en riesgo de exclusión social y muy especialmente de los menores". Ante el dilema de que se agotaba el tiempo para paralizar el auto de desalojo, el Defensor del Pueblo solicitó a Ibercaja, propietaria del edificio, una reunión proponiéndole unir las viviendas de alquiler que ya tenía concertadas en distintos puntos para distribuirlas a las veintidós familias hasta que se hiciera cargo de las mismas la Consejería de Fomento y Vivienda. Por ello, Jesús Maeztu hace una llamamiento a Ibercaja y la Consejería de Fomento para que continúen con este trabajo y cierren en los próximos días estos alojamientos citados.