La juez de lo Mercantil de Sevilla, Teresa Vázquez, ha ratificado que el presidente de Contsa, José Salas Burzón, no puede recuperar las facultades de administración y disposición de los bienes de la sociedad, sino que éstas deben seguir encomendadas a los tres administradores concursales.

La titular del juzgado de lo Mercantil ha dictado un auto en el que rechaza el recurso de reposición que presentó el dueño del grupo empresarial y en el que solicitaba a la juez que declarara a la entidad en concurso voluntario. La diferencia de considerar como necesario o voluntario el concurso de la empresa radica precisamente que, en el primero de los casos, la administración de los bienes queda bajo los profesionales designados por el juzgado y sin participación alguna del propietario de la sociedad.

En la reunión que José Salas mantuvo en marzo pasado en un hotel de Sevilla con los más de 1.200 afectados por la suspensión de pagos propuso un plan para devolver el cien por cien del capital invertido en un periodo máximo de cinco años. La intención de Salas era que se le respetara la participación como administrador de la sociedad porque, según su razonamiento, era mucho mejor contar con su presencia a la hora de vender los activos, la única solución que el propietario vislumbra para salir de la situación en la que se hallaba Contsa.

La juez decidió el pasado 20 de febrero declarar el concurso necesario en atención a la petición planteada por un acreedor personado en el proceso concursal y que reclama 903.991 euros en concepto de impago de los intereses y del capital que invirtió en la empresa de José Salas Burzón. La suspensión de pagos que elevó el dueño de Contsa al juzgado se realizó con posterioridad a esta petición y la ley concursal obliga a declarar el concurso como necesario cuando éste se solicita con anterioridad a la petición que realice la propia sociedad.

Una vez que el juzgado de lo Mercantil dio por cerrado el plazo para que los acreedores acrediten las cantidades entregadas a Contsa, el número de perjudicados por la suspensión de pagos supera el millar de personas y la deuda global roza los 80 millones de euros. Estas cifras contrastan con los datos aportados por José Salas en el juzgado, donde reconoció sólo 609 acreedores y declaró un pasivo de 49 millones.