La última sesión de la Comisión de Investigación del Plan Centro ha estado marcada por las comparecencias de varios políticos, entre ellos, Rubén García, ex Director General de Movilidad, y Francisco Fernández, concejal delegado de este área.

Tras dos sesiones en las que comparecieron varios técnicos del Ayuntamiento -el más destacado, Enrique Gutiérrez- y el actual Director General de Movilidad, Enrique Medina, los socialistas Rubén García y Francisco Fernández han defendido el trabajo desempeñado desde el Ayuntamiento en la era Monteseirín.

El primero en comparecer, García, ha defendido el consenso con el que se llevó a cabo la implantación del Plan Centro. Según ha declarado, el objetivo no era en ningún caso "recaudar", sino "controlar el tráfico". De este modo, ha defendido la tesis que sostiene la actual oposición de que "el sistema funcionaba".

Todo ello a pesar de que las cámaras del Plan Centro no multaban adecuadamente "por un problema de personal", que ya ha sido expuesto anteriormente en la comisión. "Las sanciones sólo complementaban el fin mismo, no eran el origen", ha sostenido García, para quien no está deslegitimado el plan si no se tramitaban sanciones a aquellos que no cumpliesen con la ordenanza que limitaba el uso del vehículo privado.

García además ha corroborado que Enrique Gutiérrez, técnico autor del informe y Jefe de Sección del Centro de Control de Tráfico, que hablaba de "desviaciones presupuestarias" e "irregularidades" en el Plan Centro, "no participó por lógica competencial en su implantación". Así, deslegitima una tesis que ya no es abiertamente sostenida por el Partido Popular y que en primera instancia, en el pasado mes de julio, habló de un pufo que secundaba más si cabe su decisión de derogar el citado plan.

El propio ex Director de Movilidad ha explicado que, si bien no deseaba hacer valoraciones políticas sobre lo ocurrido tras su cese una vez que Zoido llegó a la alcaldía, el plan funcionaba porque, aunque no se tramitasen multas, "las cámaras funcionaban", por un lado, y "se cumplía el objetivo de redistribuir el tráfico", por el otro.

Francisco Pérez, presidente de la Comisión de Investigación y portavoz del Gobierno municipal, ha preguntado si para eso no era mejor tener "cámaras de plástico", en lugar de "gastar tanto dinero si sólo es para disuadir". Además, la crítica de Pérez ha ido encaminada a que no se hizo saber a la opinión pública que no se multaba. "Esa es la diferencia entre ustedes y yo", ha sostenido el popular.

García ha asegurado que otras organizaciones, como la DGT, no avisan "cuándo sus radares están en un proceso de mantenimiento", y que por un problema de personal "no había que derogar todo un plan de ordenación del tráfico en el casco antiguo".

Otra de las cuestiones en torno a las que ha girado la declarción de García ha sido el máximo de denuncias que la Agencia Tributaria podía tramitar, 250, cuando el volumen de sanciones era mayor. La ordenanza especificaba, según recordó Francisco Pérez, "todos aquellos que superen un máximo de 45 minutos", cuando desde Movilidad luego se decidió que se sancionara a partir de los 75, en parte debido al volumen que podía tramitar la Agencia Tributaria.

Además, Pérez ha torpedeado la alusión a la falta de personal, pues dice que le llama la atención que de tres personas empleadas, ante la baja de una sola se decidió paralizar el proceso por "falta de garantías". Aún así, García ha remarcado que lo que fallaba era la tramitación, no así el proceso de captación de actos sancionables, pues cuando el PP llegó al poder "pudo tramitar todas aquellas denuncias que no habían prescrito legalmente". En particular, con un margen de tres meses para las sanciones leves, seis meses para las graves y un año para las muy graves, cuando las últimas multas se corresponden al mes de marzo.

Sobre el traspaso de poderes, Pérez ha pedido al ex director de Movilidad que matizase lo que había declarado momentos antes a una pregunta de Espadas, que "no hubo nunca intención de ocultar nada". Pérez ha preguntado si hizo saber que las cámaras no tramitaban multas, a lo que García contestaba que no, pero que sí explicó que las cámaras -y el sistema- funcionaban.

Monteseirín no sabía que no se tramitaban multas

La segunda comparecencia de la mañana fue la del antiguo Delegado de Movilidad Francisco Fernández, quien en los turnos de Torrijos y Espadas no ha tenido más que responder con pequeñas matizaciones las amplias tesis que los portavoces de la oposición sostenían.

Fernández, ya ante Francisco Pérez, ha asegurado que comparecía a causa de "una trama de la que ahora no tienen escapatoria" urdida entre el propio portavoz del Ayuntamiento y Juan Bueno, portavoz del Grupo Popular en el Pleno, "guiada quizá por Zoido desde atrás". "Le están haciendo la oposición a un Gobierno que ya no existe",  ha sostenido el socialista. "Ha hecho daño a muchos funcionarios y espero que el alcalde pida las disculpas públicas que se merecen", pues "les han vilipendiado".

Pérez ha centrado su envite con Fernández en quién sabía que las cámaras no funcionaban. Al transcurrir los hechos en campaña electoral, y tras acudir él mismo a debates televisados donde se hablaba del Plan Centro, Pérez ha entendido que al no ser público se encontraba con menos opciones para rebatir lo que se decía.

Francisco Fernández ha responsabilizado a Pérez de que no lo supiese puesto que "sabía que faltaba personal" pero "no mostró interés en saber" cómo iban las tramitaciones. A lo que Pérez ha respondido que no podía saber que eso "implicase que no se procedía a tramitar".

Sobre el traspaso de poderes, Pérez ha preguntado a Fernández abiertamente si el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín era consciente de los déficits del plan, Fernández contestó que "tampoco lo sabía el alcalde actual".