Un primer intento de control fiscal que se esfuma. El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, criticó este jueves que la oposición municipal haya tumbado en el pleno extraordinario sobre ordenanzas fiscales para 2018 la propuesta socialista que promovía subir la tasa por cambio de uso de vivienda residencial a turística de los 24 euros actuales hasta 300 euros, algo que consideró "fiscalmente justo" y que colocaría esa tasa en la media del resto de ciudades. Ésta era una de las medidas de control propuestas por el gobierno municipal sobre el imparable auge de las Viviendas con Finalidad Turística (VFT) que se han multiplicado sobre todo en el centro de la ciudad en los últimos años.

A preguntas de los periodistas, Muñoz lamentó que, por segundo año consecutivo, el Pleno haya tumbado una propuesta del gobierno "que tenía como objetivo ser más justo fiscalmente", ya que sólo contó con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y el rechazo del Partido Popular, Izquierda Unida y Participa Sevilla. "La oposición considera que no es una propuesta que merezca la pena, pese a que trata de abordar la preocupación creciente en torno al asunto y supone una mínima barrera de entrada al fenómeno, además de ser más justo fiscalmente", insistió el delegado.

A pesar de recibir una segunda negativa, Muñoz aseguró que el gobierno municipal va a seguir estudiando y analizando medidas desde el punto de vista urbanístico y fiscal "para intentar dimensionar, nunca prohibir porque no se puede, esa transformación de viviendas residenciales a turísticas". Ése es uno de los objetivos del estudio completo que encargó el Ayuntamiento el pasado verano para conocer en profundidad cómo es la oferta, tanto la legal como la ilegal, y cómo afecta los residentes y a las diferentes zonas de la ciudad.

Uno de los principales problemas derivados de la proliferación de las VFT es la subida del precio del alquiler residencial, lo que está obligando a muchas personas a abandonar sus residencias en el casco histórico.

Desde Apartsur, una de las asociaciones que engloba a los propietarios de VFT, insistieron hace unos días en que la subida de esta tasa no acabaría con la oferta ilegal, contra la que también luchan, e insistieron en la necesidad de aumentar los controles.

Precisamente, Muñoz afirmó que se aumentarán las inspecciones municipales, y recordó que Sevilla está en un grupo de trabajo con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o San Sebastián, para abordar respuestas conjuntas a esta situación. "Debe haber una respuesta más o menos parecida a un fenómeno que se convierte en competencia desleal para otros establecimientos reglados", concluyó.