El presidente del PP provincial de Sevilla, Juan Bueno, se ratificó este martes en su afirmación de que la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martinez Aguayo, tiene "una clara vinculación" con la trama de los ERE fraudulentos de la época en la que ocupaba el cargo de viceconsejera de Economía y Hacienda. Y lo hizo en respuesta al reciente anuncio de Aguayo de que denunciará por lo civil a Bueno por lanzar estas mismas acusaciones la semana pasada. "Me ratifico en que puede haber muchas firmas por ahí de Aguayo que no conozcamos todavía, y en que hay que preguntarle si está libre de toda culpa", insistió.

Para sustentar mejor su acusación, el líder del PP sevillano convocó este martes a la prensa para enseñar el documento del sumario judicial de mayo de 2005 donde aparece la firma de Aguayo que comprometería a la entonces viceconsejera. Lo firmó por delegación de su superior, el consejero José Antonio Griñán.

La firma autoriza la subvención de 220.256 euros (con los intereses se pagaron 250.000) pagada con el fondo de reptiles de la Junta (partida 31L) que recibieron las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), ex alcalde de Cazalla, imputado por la juez en la trama de los ERE fraudulentos y que llegó a recibir más de 10 millones de euros de esos fondos irregulares. Con ese dinero le salieron gratis dos parcelas públicas en la localidad de Villanueva del Río y Minas para montar un proyecto industrial que nunca se llevó a cabo. Según Bueno, el expediente demuestra que "los hechos son contundentes y tozudos".

El PP explicó que el 21 abril de 2004 el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas firmó un convenio con tres empresas de Rodríguez de la Borbolla para cederle gratis dos terrenos, pese a que no eran propiedad del Ayuntamiento. Un año después (18 de mayo de 2005), la viceconsejera Aguayo firmó una orden en la que se acuerda vender al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas esas dos parcelas por 220.256 euros. Lo firma por delegación del consejero Griñán. Ese mismo día, el director general de Trabajo y Seguridad Social (el imputado Francisco Javier Guerrero) firma la concesión de una subvención por esa misma cantidad de dinero al Ayuntamiento con cargo a la partida 31L (del fondo de reptiles).

Dos años después, en 2007, Guerrero confirma por escrito con la agencia Idea toda la operación y aclara que estaba consensuada con la Dirección General de Patrimonio de la Junta, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. "El señor Borbolla tiene gratis los terrenos de la Junta y de todos los andaluces, ¿y la señora consejera no tiene nada que decir?", preguntó Bueno, quien ve responsabilidad también en Griñán.

El presidente del PSOE de Sevill, Fernando Rodríguez Villalobos, acusó al PP de "acusar sin pruebas" al partido y negó tener "nada que ver" con el caso de los ERE que investiga la juez Alaya.