"Uso político de los niños para la colocación de compañeros de partido". Eso fue lo que denunció ayer el grupo municipal del PP en base a dos informes de la Intervención municipal que advertía a la Delegación de Participación Ciudadana (IU) de irregularidades en la concesión de una subvención a la Fundación DeSevilla para el análisis de la participación de los niños en los Presupuestos Participativos. El portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez hizo públicas ayer las advertencias que la Intervención Municipal trasladó a la citada delegación en mayo y octubre de 2008, entre las que destacan la falta de justificación del interés público de la subvención solicitada por la Fundación DeSevilla y, sobre todo, que no existiese concurrencia pública para la concesión de la ayuda, de 150.000 euros. En definitiva, el interventor pone negro sobre blanco que se trata más de un contrato que de una subvención, por lo que insta sin éxito a que el convenio se someta a la Ley de Contratación Pública, al tiempo que subraya que se vulneran los principios de libre concurrencia al haber sido otorgada la ayuda mediante un "procedimiento directo excepcional", o sea, adjudicada a dedo.

Pérez recordó que tanto la delegación que dirige Josefa Medrano como la Fundación De Sevilla están bajo la gestión política de IU, coalición que, según denuncia, ha utilizado los 180.000 euros totales de subvención -150.000 euros aportados por el Consistorio y 30.000 euros por la Fundación DeSevilla- para contratar a cinco militantes como técnicos para analizar la implicación de los niños de entre 6 y 12 años en los Presupuestos Participativos. La contratación de los estos cinco técnicos a razón de unos 30.000 euros anuales cada uno no ha seguido convocatoria alguna, según el PP, que apostilla que existe una cláusula en el convenio que considera la posibilidad de prorrogar el acuerdo en próximos ejercicios. La oposición agregó que la propia fundación tuvo que reformar sus estatutos para hacerlos coincidir con el objeto social de la subvención y justificar la adjudicación directa sin concurso público.

Pérez anunció que su grupo pedirá al gobierno local más datos sobre las cinco personas que han sido contratadas para este proyecto en la próxima comisión de ruegos y preguntas y que esperará a que la Fundación presente la justificación del proyecto cuando éste cumpla un año para tomar posteriores acciones. La oposición remachó que el coste de celebración de los Presupuestos Participativos es "altísimo", superando incluso el millón de euros por ejercicio, y que la participación vecinal es "ínfima", de tan sólo el 0,6% de la población.

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