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Sevilla

PSOE e IU impiden al PP acceder a los expedientes antes de su aprobación

"No quieren testigos: los ciudadanos sólo se enterarán de lo que el gobierno quiera, nada más". Al grupo municipal del PP no le hizo falta hablar ayer de nocturnidad y alevosía, aunque sí responsabilizó directamente al gobierno de PSOE e IU de restringir el derecho de acceso a la información de la oposición y, por ende, de los ciudadanos, y también de romper con la costumbre que durante 25 años se mantenía en el Consistorio de Sevilla, que recogía que cualquier capitular, fuese tanto del gobierno como de la oposición, podía consultar un expediente municipal de cualquier órgano previo a su aprobación.

Ese manual de buenas prácticas es desde ayer papel mojado, justo en el instante en que funcionarios y grupos municipales recibieron la circular interna firmada por el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), que prohíbe a los ediles no pertenecientes a dichos órganos de gobierno el acceso a los expedientes hasta que éstos no sean aprobados. Después de ello, se articula un procedimiento para que la oposición acceda a la información que pide tan complicado como prolongado en el tiempo, con peticiones por escrito al alcalde y prohibición expresa de fotocopiar cualquier documento. O lo que es lo mismo, la oposición ya no podrá, por ejemplo, repasar los asuntos y expedientes que semanalmente son tratados en junta de gobierno por PSOE e IU antes de la sesión -hasta ahora los tenían a disposición incluso tres días antes-, ni incluso saber qué temas se debatirán puesto que no recibirá ni el orden del día -como ha sucedido esta semana-. Lo mismo sucederá en Emasesa, Urbanismo y otras empresas, fundaciones y organismos donde no esté presente el PP.

El edil popular Curro Pérez denunció ayer en rueda de prensa la "pérdida de valores democráticos" con la entrada en vigor de la circular que establece un nuevo método de trabajo para salvaguardar la protección de datos, una medida tomada tras dos resoluciones de la Agencia de Protección de Datos que condena al Ayuntamiento por haber difundido datos de particulares, uno de ellos relativos al anexo de personal. Pérez, que subrayó en todo momento el carácter legal de la circular -contra la que no cabe recurso jurídico alguno-, sí la circunscribió a una "decisión política" que acaba "con años de buenas prácticas simplemente para cercenar el acceso a la información de la oposición y controlar en todo momento qué deben saber los ciudadanos, cuándo y cómo".

El PP rechazó la jurisprudencia citada por Torrijos en su circular al no ser del Supremo, sino del Superior de Justicia de Castilla-León, y citó, en cambio, una sentencia del TS en Fuenlabrada que falló a favor de que la oposición pudiese acceder a expedientes municipales.

En cualquier caso, el PP considera el argumento de la protección de datos "una excusa infantil" y propone como solución de consenso que se borren de los expedientes los datos que puedan vulnerar la ley. A juicio del concejal, "la protección de datos se hace en los expedientes cuando éstos se elaboran y no después", por lo que, "por el hecho de consultar un expediente no se vulnera la Ley de Protección de Datos".

Curro Pérez reveló que los funcionarios municipales tenían ayer bloqueado el protocolo de actuación para facilitar información a los ediles de la oposición aludiendo a la circular firmada por Torrijos. "El lío es monumental", espetó el edil popular, quien agregó que la medida no sólo afecta al PP, sino también a delegados del propio gobierno entre sí e incluso a directores de áreas, que no podrán conocer los trabajos de sus homólogos en otros ramos salvo que compartan presencia en el mismo órgano de gobierno.

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