Sevilla

El PSOE ofrece un pacto político para tener pisos asequibles que eviten desahucios

  • Espadas pide que Emvisesa, Epsa y los bancos estudien sus pisos vacíos y los ofrezcan

El portavoz socialista, Juan Espadas, reiteró ayer la necesidad de que el alcalde Juan Ignacio Zoido "dé ejemplo", como hacen otros alcaldes, y ponga en marcha medidas "mucho más contundente contra todos los desahucios". Propone por que todos los grupos del Ayuntamiento aprueben en el próximo Pleno un paquete de medidas contundentes contra todos los desahucios planteados en la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa), en la de vivienda de la Junta (Epsa) y entre los afectados de los bancos.

"Hay más casos fuera de Emvisesa que dentro y Zoido no puede limitarse a ellos. Puede y debe desplegar la atención y la asistencia personalizada a todos esos casos, como ya ha ocurrido en otros ayuntamientos como Zaragoza, Vigo o Córdoba".

Espadas exige que se ponga "de inmediato" una unidad municipal especializada de emergencia social que preste asesoramiento a todos los sevillanos en riesgo de desahucio en coordinación con los juzgados y con asuntos sociales. Y pide que Epsa, Emvisesa y los bancos se coordinen para analizar los casos que haya de pisos vacíos con vistas a ampliar el parque de viviendas sociales.

Espadas plantea que Emvisesa medie con los dueños de esos pisos vacíos para integrarlos durante un periodo aproximado de cinco años en este plan de choque, de manera que el Ayuntamiento asuma las coberturas de seguros que den garantías a los propietarios. "Es un contrasentido que haya viviendas vacías en Sevilla y gente sin vivienda", lamenta.

Desde la Junta, el director Epsa, Fernando Herrera, negó ayer que la empresa pública tenga viviendas vacías entre sus 80.000 pisos y aseguró que "siempre" que queda una vacía se procede "con máxima celeridad" a reasignarla.

Los adjudicatarios de las viviendas de Epsa de La Corza ocupadas esta semana aclararon ayer que cuatro han sido "asaltadas" por personas ajenas y tres por sus propios adjudicatarios para evitar más ocupaciones. El colectivo reclama a las administraciones una "solución civilizada y rápida".

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