Cuando han pasado cuatro meses desde que finalizara el plazo para presentar alegaciones al Potaus, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), que debe fijar las grandes bolsas de vivienda, equipamientos y espacios libres de esta zona en la que se encuadran 46 municipios, los ayuntamientos siguen sin tener información sobre si sus propuestas han sido o no aceptadas e incluidas en el documento final, que se pretendía aprobar definitivamente en el mes de junio y al que casi todos están esperando antes de impulsar de una vez sus PGOU.

Así lo corroboran varios de los municipios afectados (Espartinas, Bollullos, Tomares, Utrera, Mairena del Aljarafe, Huévar o San Juan, entre otros), que en su mayoría presentaron alegaciones al borrador que la Junta hizo público en octubre, con una quincena de áreas de oportunidad de tipo residencial y casi 40.000 viviendas (todas en municipios del PSOE) y más de 30 productivas (parques empresariales, tecnológicos o logísticos). Con todo, la Junta recibió después más de un centenar de nuevas alegaciones de ayuntamientos, empresarios y colectivos conservacionistas.

La resolución parece haberse retrasado por varios factores. En primer lugar, por la celebración de las elecciones, que suele conllevar un prolongado impasse en proyectos de calado político. Se da la circunstancia, por otro, de que el presidente andaluz, Manuel Chaves, ha dividido las competencias que, hasta la legislatura pasada, tenía la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para crear la de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuya dirección ha asumido el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Espadas. Lucrecio Fernández, delegado de Obras Públicas en Sevilla en la última legislatura y que llevó las negociaciones del Potaus, será secretario general técnico de la nueva Consejería, que no tiene todavía un delegado provincial nombrado.

La Junta especificó que se incluirían como áreas de oportunidad aquellos proyectos que puedan considerarse de "escala supramunicipal", con repercusión en más de un término, y de ejecución prioritaria. En todos los casos, deben contemplar planes de movilidad y conexión con transporte público. En lo que respecta a la vivienda, más del 70% debe ser VPO.

Pero, en la práctica, las alegaciones que presentaron los ayuntamientos tienen que ver con áreas residenciales que habían conveniado con los promotores para incluirlas en los PGOU pero que, por las limitaciones que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) introdujo en éstos y que vetan los crecimientos de población que superen el 30% en ocho años, se iban a quedar fuera. Tenerlas como área de oportunidad es una forma, para muchos, de salvarlas y tener un crecimiento mayor, importante para sus ingresos y el diseño de municipio que tendían previsto.

Entre las iniciativas señeras cuya ejecución depende de que su interés supramunicipal sea reconocido en el Potaus, está la Ciudad Deportiva del Sevilla, en Bollullos, cuyo alcalde, el popular Antonino Gallego, apunta que en estos meses no ha habido ningún contacto con la Junta sobre la alegación, ni siquiera para pedirle aclaraciones o información adicional en algún punto.

En cuanto a los suelos productivos, las alegaciones pretendían eludir, en muchos casos, esas mismas limitaciones del POTA, en concreto, la que fijaba un tope del 40% el aumento del suelo urbano con un PGOU. Sin embargo, estas circunstancias ya han cambiado porque la Junta decidió atender a las presiones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) y excluir los parques empresariales al contabilizar el nuevo suelo urbano.

En este tiempo también se ha anunciado una fórmula más rápida para adaptar los PGOU a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con el reto de agilizar la construcción de Vivienda de Protección Oficial. Al desconcierto por estos y otros cambios, cuya incidencia en el Potaus y en el crecimiento futuro de la Gran Sevilla es aún una incógnita, se ha unido ya el parón en la construcción y moderación de los precios de la vivienda, que podría ser determinante en el interés de los promotores por desarrollar algunos proyectos, entre ellos las áreas de oportunidad.