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Sevilla

La juez ordena a la Policía Científica que analice el vídeo de los agentes suspendidos

  • Rechaza la declaración de la agente que manipuló el acta de incautación de tabaco

Captura del vídeo de las cámaras de seguridad.

Captura del vídeo de las cámaras de seguridad.

La juez de Instrucción 1 de Sevilla ha ordenado a la Policía Científica que examine el vídeo del registro de una tienda de alimentación de la Ronda de Pío XII, que dio pie a una investigación interna por la que seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena llevan dos años imputados por cohecho, hurto y falsedad documental. Estos seis agentes están suspendidos de empleo y sueldo desde agosto de 2015. Los funcionarios registraron el negocio en busca de tabaco de contrabando, pero la propietaria del mismo denunció después que le habían desaparecido más de 17.000 euros. El registro se produjo hace dos años, el 19 de mayo de 2015. Durante todo este periodo no se ha examinado el vídeo de las cámaras de videovigilancia de la tienda, que es la principal prueba contra estos seis policías.

Los agentes alegan que el vídeo está manipulado, editado y cortado, y que fue extraído por la denunciante y un amigo suyo informático, con lo que se habría vulnerado la cadena de custodia de la prueba. A día de hoy sigue sin haberse podido visionar la grabación original y es imposible conocer lo que ocurre en los momentos posteriores al registro. En junio de 2015, los agentes solicitaron el acceso al disco duro original, pero éste no se entregó en el juzgado hasta enero de 2016, seis meses después. El disco duro sería entregado primero al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que se inhibió tres meses después alegando que el asunto no era de su competencia. Después sería enviado a la Guardia Civil de Sevilla, que tampoco pudo extraer las imágenes. Se remitió a una unidad central de este cuerpo en Madrid, que terminó devolviéndolo sin poder sacar ningún tipo de imagen, ya que para ello se necesitaba el software original.

El 5 de abril, la juez ordenó que se remitiera un oficio devolviendo el disco duro al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que insistió en que no son competentes para el análisis de esta prueba. Ahora, en un auto fechado el 17 de mayo, casi dos años después de los hechos, la magistrada ordena que se remita oficio al Grupo de Informática Forense de la Policía Científica para que proceda al análisis.

En el mismo auto, la juez deniega la declaración de una policía que presuntamente manipuló el acta de aprehensión de tabaco, incluyendo en ella los números de carné profesional de los policías que hicieron el registro. Por este hecho se le imputa a los policías un delito de falsedad documental, puesto que hay dos copias del acta, una con los números y otra sin ellos. La juez ha negado la declaración de esta policía argumentando que no estuvo presente en el registro. Los policías alegan que es habitual que el tabaco intervenido se almacene durante unos días en la comisaría y sea trasladado días más tarde por otros agentes, que son los que entregan el acta. En este caso, al no constar los números, fue una compañera de la comisaría la que los escribió en la copia.

Tampoco ha sido citado el inspector que ordenó el registro. Al sumario del caso se ha añadido también la denuncia que un jefe de sección de la comisaría ha presentado contra uno de los policías suspendidos por presuntas amenazas. Fuentes del entorno de este agente aseguran que esta denuncia es completamente falsa, con un testimonio inventado de un supuesto compañero del gimnasio -allegado al jefe- al que acude. Este policía ha presentado también un informe médico de su hijo, que sufre de hiperactividad y miedo a quedarse y dormir solo, que los médicos achacan a la "ansiedad que se está viviendo en el hogar por la situación laboral del padre".

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