Trece años después de que el gobierno presidido por Alejandro Rojas Marcos diera por enterrado el último plan del Ayuntamiento para erradicar a los gorrillas de las calles de Sevilla, la Corporación actual ha encontrado una fórmula que parece ir más allá de todas las medidas puestas en marcha hasta ahora contra estos aparcacoches ilegales.

La nueva propuesta del gobierno local consiste básicamente en sancionar económicamente al gorrilla, pero no simplemente poniéndole una multa que luego no puede pagar por tratarse de alguien insolvente y que ni siquiera tiene un domicilio conocido al que enviarle una copia de la sanción. En esta ocasión la Policía Local podrá requisar a los gorrillas la cantidad que lleve encima, por tratarse de una recaudación obtenida a través de una práctica considerada ilícita.

La herramienta legal que posibilitará la puesta en marcha de esta medida es la ordenanza antivandalismo, un texto que está previsto que sea aprobado por el Pleno Municipal el próximo mes de enero para que entre en vigor en primavera. En esta norma, cuyo borrador ya fue presentado hace dos años, el Ayuntamiento prohibirá la actividad de aparcar y vigilar coches sin autorización al considerar que exigir un pago por ello no es más que una modalidad de extorsión.

Una vez que entre en vigor este texto, los policías locales podrán multar a los gorrillas según la escala de sanciones que vengan reflejadas en la propia ordenanza. En esto la norma se parece mucho a otras que existen en España y a la que se acaba de aprobar en Dos Hermanas, que multa a estos aparcacoches con 300 euros. Muchas de estas leyes han fracasado precisamente porque se trata de sancionar a personas que son insolventes y a los que no puede embargárseles nada. Tampoco existe carga penal alguna contra los gorrillas porque los conductores que pagan apenas presentan denuncias contra ellos.

De ahí que la ordenanza sevillana permita a los policías incautarse de la recaudación del aparcacoches sin que tenga que haber denuncia previa. El agente se quedaría con este dinero en calidad de depósito y la persona sancionada podría luego reclamar el importe presentando las correspondientes alegaciones. De esta forma el Ayuntamiento incrementaría la presión policial sobre los gorrillas para tratar de erradicarlos paulatinamente, al menos en determinados puntos de la ciudad.

Esta estrategia diseñada por las delegaciones municipales de Movilidad y Convivencia y Seguridad, dirigidas por Francisco Fernández y Nieves Hernández respectivamente, es una medida pionera en Sevilla. Sólo en una ocasión el Ayuntamiento de la capital andaluza elaboró un plan para luchar contra los gorrillas a raíz de la proliferación de éstos a principios de los años 90.

El proyecto consistía en que la Policía Local apercibía a cada gorrilla que sorprendiera por primera vez aparcando o vigilando un coche previo pago. Si reincidía, el aparcacoches era puesto inmediatamente a disposición de un juez. Aquello terminó fracasando porque nadie pudo determinar qué delito o infracción cometían los gorrillas al no existir la denuncia previa del conductor. Los detenidos salían de los juzgados a los pocos minutos de entrar y volvían a reincidir. Ni los vovis ni la zona azul frenaron este fenómeno en los años siguientes.