El abogado Simón Fernández Rebollo, que defiende al ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce en el caso del presunto cohecho, ha insistido este miércoles en denunciar el "trasfondo político" de este juicio, en el que las acusaciones han pretendido ejemplificar que se trata del "juicio estrella de la corrupción, del germen de la corrupción" que dio lugar a otras investigaciones tan escandalosas como el caso de los ERE fraudulentos.

En su informe de conclusiones, el letrado de Ponce reconoció que este proceso es "histórico" y ha dicho a los miembros del jurado popular que tienen una "especial responsabilidad", pero negó que este proceso sea el inicio de la corrupción porque, según ha dicho, esas afirmaciones están "infladas y mediatizadas por intereses políticos", por lo que pidió a los jurados que "no sean justicieros, sino justos".

El abogado recordó la declaración del jefe de la Policía Judicial para afirmar que la conversación grabada por los empresarios, en la que supuestamente se les exige el pago de una comisión de 300.000 euros, muestra en realidad "una negociación", en la que los hosteleros concluyen que van a colaborar en proyectos de la Fundación y en el pago de la acometida de la luz eléctrica para la futura escuela de hostelería.

El testimonio del policía que realizó el atestado supone, según Simón Fernández, un "vuelco en este caso", por cuanto concluye que él entendió que se trataba de una negociación y que, en todo caso, el delito que más se aproximaba a lo que reflejaba la grabación era una estafa, no un posible cohecho.

Para el letrado, los hosteleros Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, "no tenían la más mínima intención de denunciar", porque "estaban en una negociación para una colaboración con la Fundación y pretendieron que en vez de dos le costara uno" y con la grabación lo que pretendieron es "sacar un provecho ilegítimo".

La defensa de Ponce ha insistido en que aquí "no hay ninguna extorsión, sino una simple y clara negociación", y ha añadido que, en cualquier caso, Daniel Ponce "lo único que hizo es obedecer una orden y cumplir como empleado", en alusión a su versión de los hechos de que se limitó a recordar a los empresarios la petición de "colaboración" que le había indicado el director general Fernando Mellet, quien a su vez habría actuado siguiendo instrucciones del ex delegado de Empleo Antonio Rivas. El defensor de Ponce pidió al jurado que "no le tiemble la mano" a la hora de emitir su veredicto.

Por su parte, la defensa de Fernando Mellet reiteró la nulidad de la grabación realizada por los hosteleros de La Raza, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de su cliente –hecho que está recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional-,  y criticó la "falta de credibilidad" de los denunciantes, al recordar que la mujer de uno de los hosteleros trabaja en el gabinete de comunicación del alcalde, Juan Ignacio Zoido, que ejerce la acusación particular en este proceso.

El letrado José Manuel Carrión ha agregado que "no se puede satanizar la frase en la que se dice que la Junta colabora con quien colabora", una expresión que a su juicio no debe sacarse de contexto. "No hay ni mordida, ni petición de dádiva ni de trincar, ni nada", ha aseverado el letrado, que ha insistido en la declaración del jefe de la Policía para defender que la grabación recogió una "negociación", no un intento de extorsión a los empresarios.

En la sesión de este miércoles también ha expuesto su informe de conclusiones el letrado Carlos Galán, que representa a la directora de Proyectos Regla Pereira y que ha solicitado un veredicto de inocencia al considerar que no hay una sola de prueba de cargo que la implique en la exigencia de la mordida a los empresarios.

El letrado mostró "su sorpresa" por el hecho de que el fiscal no haya retirado los cargos contra su clienta, porque "no le parece serio" que se mantenga la acusación contra Regla Pereira, y denunció igualmente que las acusaciones de la Fundación Mercasevilla y del PP  han sido "desleales y han actuado de mala fe desde el primer día hasta hoy".

Carlos Galán coincidió con la defensa de Ponce en el "interés político" del PP en este proceso y ha llegado a decir que esta acusación hoy "se ha quitado la careta, ha querido hacer dos juicios en uno, y ha intentado decir que esto es un mangazo", en referencia a la petición de deducción de testimonio que han realizado los populares para que se investigue una presunta prevaricación en la concesión de la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería de Mercasevilla.

El letrado reiteró, de otra parte, que Regla Pereira era una secretaria que fue ascendida a directiva en 2008, pero ha defendido que en realidad "no tuvo poder de decisión" y ha recordado que Ponce dijo en el juicio que el director general Fernando Mellet "mandaba mucho" en la empresa, a lo que el letrado ha añadido que hasta revisaba el contenido de los e-mail que enviaba Pereira.

En cuanto a la participación en la preparación de la subvención, el letrado ha afirmado que intervino "como en muchas otras".