Que Tussam está mal no es ningún secreto: la empresa municipal de autobuses, tras ocho años de gestión del PSOE, ha perdido viajeros, su velocidad comercial apenas mejora, sus ingresos ordinarios van en descenso y la deuda viva sube con una intensidad alarmante. Al día de hoy apenas tiene dinero en caja -lo que los técnicos llaman tensiones de liquidez, aunque en este caso nada coyunturales, sino permanentes- ni apenas cuenta con capacidad para generar más fondos. Sus gastos, en cambio, no dejan de subir. ¿Qué hacer? Recurrir al urbanismo. Volver a hacer caja con el suelo municipal. Una solución de urgencia que, sin embargo, no toca ninguno de los males de fondo que aquejan a la sociedad municipal de transporte y, por extensión, a los contribuyentes, que son los que pagan la factura.

Lo trascendente, sin embargo, es que ahora, con este nuevo viraje, es el propio gobierno local quien pone en cuestión uno de sus principios básicos: no permitir, ni por acción ni por omisión, que con el patrimonio municipal de suelo se caliente todavía más el mercado inmobiliario. Una acertada decisión adoptada por Monteseirín en 1999 -cuando todavía gobernaba con el PA, en su última fase de cohabitación- que durante los años posteriores -ya tras el acuerdo político con IU- ha sido precisamente una de las banderas de la autodenominada coalición de progreso. Esta voluntad cierta de dejar de especular con el suelo del Ayuntamiento ha ayudado en buena medida, junto al impulso dado a Emvisesa por el teniente de alcalde Emilio Carrillo, a que empiece a recuperarse el ritmo de construcción de viviendas públicas. Los terrenos municipales, en lugar de usarse para hacer caja, volvían a servir para ayudar a la gente. Hasta ahora. Igual que toda regla tiene su excepción, el alcalde parece decidido a desdecirse -pero sin decirlo- de este importante patrimonio político -"urbanismo de rostro humano", según su palabras- para poder ampliar el patrimonio inmobiliario de Tussam, a la que inyectará -además de las habituales transferencias dinerarias- todos los activos que, gracias al PGOU, se generarán en el Prado de San Sebastián. Acaso sea un ejercicio de pragmatismo, pero su coste es precisamente la credibilidad en un campo -la gestión del suelo y la vivienda- en el que el ejecutivo de Monteseirín tenía uno de sus fuertes. En todo caso, no quedaba otra salida. La errática gestión de la empresa municipal de transportes -utilizada como instrumento electoral en lugar de como servicio público durante años- ha agotado por completo el margen de maniobra que existía, que se ha reducido hasta desaparecer tras el extraordinario sobrecoste del proyecto de construcción del tranvía del Casco Histórico -1,4 kilómetros a un coste global de 83 millones de euros-, soportado por una empresa -Tussam- en una situación de quiebra técnica que tiene bastantes visos de convertirse en real.O en definitiva. Un túnel del que sólo se podría salir mediante soluciones traumáticas: la disgregación de la actual sociedad municipal y, probablemente, su privatización total o parcial. Un escenario al que se opone IU, socio de gobierno de Monteseirín y que sería además difícil de justificar por parte de los socialistas ante su propio electorado. No había pues otra que almorzarse los principios para poder disimular la contradicción.

Exactamente eso es lo que ha hecho el gobierno municipal al enfocar esta operación patrimonial para salvar a Tussam bajo la coartada de volver a recuperar el viejo edificio que Rafael Moneo diseñara en el Prado para el nuevo Consistorio hispalense. Un proyecto de Soledad Becerril paralizado hace ocho años, justo cuando Monteseirín llegó a la Alcaldía gracias a los votos del PA. La estrategia diseñada por los asesores del alcalde tenía como punto débil la contradicción-bastante aparente- que supone volver a hacer brotar lo que en su día se enterró con el argumento de que los barrios necesitaban más atención que el centro de la ciudad, pero a cambio permitía, con el recurrente señuelo del arquitecto estrella, disimular el fondo de la propuesta, que no es otro que la incoherencia política que supone poner de nuevo en almoneda el patrimonio del Ayuntamiento para hacer suficiente dinero con el que ocultar unos errores cuya responsabilidad no puede atribuirse a nadie más que al PSOE. La venta de Diego de Riaño está previsto que reporte diez millones de euros. A esta cifra habría que añadir los rendimientos económicos del resto de activos de Tussam: el aparcamiento mixto de 800 plazas -previsto bajo el intercambiador de transporte- y los nuevos espacios terciarios (comercial y oficinas) incluidos en el edificio Moneo. Árboles con suficiente porte para que nadie vea el bosque. Pero si se echa la vista atrás, siquiera un poco, todo viene al cabo a encajar: las transferencias anuales de capital público a Tussam no han dejado de aumentar a lo largo del último lustro -subvenciones a fondo perdido- y el cuadro tarifario -el precio del bonobús y el billete univiaje- no puede sufrir más vueltas de tuerca, ante el riesgo de que el autobús deje de ser realmente un servicio social para los ciudadanos o los usuarios continúen dejando de utilizar el único medio de transporte que, treinta años después de la promulgación de la ley del Metro de Sevilla, todavía tiene la tercera capital de España. No había pues más alternativas. O coherencia o quiebra. No había más remedio que sacrificar a la primera.