El ex gerente de la empresa municipal de limpieza (Lipasam) Rafael Pineda rechazó ayer en su declaración ante la juez las presuntas irregularidades en cinco contratos adjudicados a dos sociedades entre los años 2007 y 2011, durante el último mandato del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). Rafael Pineda compareció por espacio de menos de una hora ante la titular del juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, ante la que defendió su gestión al frente de la empresa.

El ex gerente de Lipasam afirmó en su declaración como imputado que todos los contratos están "justificados" y los convenios estaban "revisados por el secretario general" de la empresa municipal, que era la última persona que "revisa la legalidad" de los convenios.

Pineda añadió que los contratos que firmó "revestían la legalidad oportuna", según le informó el departamento de Relaciones Institucionales de Lipasam, al que correspondía la comprobación de que los mismos eran conformes a la legalidad. El ex gerente aseguró que "no fue advertido" de ninguna irregularidad ni de forma verbal ni escrita por los técnicos, y añadió que "todos los contratos se llevaron a cabo con mayor o menor éxito", de lo que se desprende que no habría en ese caso ninguna irregularidad, al menos, de índole penal.

El ex gerente indicó a la juez que antes de firmar los contratos -Pineda dijo que en su etapa de gerente suscribió unos 40.000 contratos- existía previamente un "informe técnico del departamento correspondiente de adjudicación del mismo, indicando quién era la persona física o jurídica que obtenía la adjudicación" y él se "limitaba a firmar".

A la declaración de Rafael Pineda, que estuvo asistido por el que fuera gerente de Urbanismo Miguel Ángel Millán, no asistió ningún representante de la Fiscalía de Sevilla. La investigación fue llevada a cabo por la unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y partió de una denuncia formulada por el Banco de España, que puso en conocimiento de la Justicia unas supuestas irregularidades en las dos empresas a las que Lipasam adjudicó cinco contratos durante los cuatro años del último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. Las adjudicaciones de los contratos investigados ascienden a unos 200.000 euros, por lo que se trata de contratos menores, dado que el presupuesto que manejaba Lipasam para compras era más elevado.