El Servicio Andaluz de Salud se personará como acusación particular en el caso que instruye el juzgado de Instrucción numero 1 de Sevilla para dilucidar las causas del accidente que provocó la muerte de Rocío Cortés en un ascensor del Hospital de Valme el 20 de agosto. Lo anunció ayer la consejera de Salud, Marina Álvarez, durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz para explicar la gestión que hizo su departamento del siniestro que acabó con la vida de la joven de 25 años, que estaba siendo trasladada a otra planta del hospital tras dar a luz a su tercera hija.

"Perseguimos depurar las responsabilidades. Somos los primeros interesados en conocer las causas", dijo Álvarez para explicar la decisión de personarse en la causa, que puede no ser la única donde estará implicada la Administración andaluza en relación con este caso. El padre de la joven, que estuvo ayer en el Pleno y lo abandonó durante el turno del diputado socialista Francisco José Vargas, anunció el día después del fallecimiento de su hija que emprendería acciones legales contra el Hospital de Valme y contra la empresa de mantenimiento de los ascensores.

Esta compañía -Orona- es una de las principales señaladas como responsable del accidente, pero la consejera de Salud reiteró lo que dijo el mismo día de la muerte de Rocío Cortés; que el ascensor había pasado todas las pruebas rutinarias. Álvarez dio las fechas exactas. Sólo ocho días antes del accidente, el 12 de agosto, Orona realizó el examen mensual a la maquinaria sin incidencias. Además, la normativa "obliga" a que los ascensores se sometan a una revisión periódica "por parte de un organismo ajeno al titular que certifique que sus condiciones de seguridad se mantienen". Según explicó la titular de Salud, en los hospitales estas revisiones son bienales. La última en el ascensor que seccionó la cabeza de Rocío Cortés se produjo "el 15 de mayo con un resultado favorable".

El relato de la consejera no convenció a los grupos de la oposición que se mostraron muy beligerantes tras la primera intervención de la consejera. "No han estado a la altura de las circunstancias", espetó la popular Patricia del Pozo, que achacó al Gobierno andaluz una "falta de afecto" con los familiares de la joven. "Les dijeron que pensaran que su hija había muerto en un accidente de tráfico", abundó la diputada del PP, que criticó "los brutales recortes" con los que "comenzaron a cargarse la sanidad andaluza en 2010".

Del Pozo coincidió con la portavoz sanitaria de IU, Inmaculada Nieto, al recordar que "hubo alertas de fallos recurrentes" en los ascensores. Fue la parlamentaria del PP quien cifró en siete los escritos donde se habían denunciado las averías, algo que después negó la consejera de Salud. Nieto y su homólogo en Podemos, Juan Antonio Gil, también afearon a la Junta su política de externalizaciones y pusieron en duda su capacidad de ahorro.