La iglesia gótico mudéjar de Santa Catalina cumplirá este sábado 13 años cerrada al público, mientras que permanece a la espera de conseguir que se reactiven las obras de la tercera fase de su restauración, paralizadas desde final de abril.

En este sentido, fuentes de la Archidiócesis sevillana han indicado que se encuentran a la espera de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número estime el recurso presentado por el Arzobispado ante la decisión de paralización temporal de las obras producida tras la denuncia de la Constructora San José, que ejecutó la segunda fase, contra la Archidiócesis de Sevilla por las "discrepancias" existentes en cuanto a los pagos.

Antes de que se produjera este parón, se preveía que el templo, cerrado al culto en 2004, podría estar de nuevo en funcionamiento a finales de 2017, una vez finalizada la tercera fase, iniciada en abril de este año y que incluye la restauración interior y excavación arqueológica, con un presupuesto que supera los dos millones de euros.

Sin embargo, estas previsiones podrían retrasarse como consecuencia de las "discrepancias" en cuanto al pago de la segunda fase entre la constructora y la Archidiócesis, que defiende en todo momento su "comportamiento absolutamente escrupuloso".

Esa segunda fase de la restauración, finalizada en septiembre de 2015, incluyó trabajos en el interior del templo, con la eliminación de humedades, consolidación de estructuras, eliminación de añadidos o elementos que desvirtuaban la lectura correcta del edificio y la recuperación de la luz natural a través de óculos, además de la restauración de la torre y la terminación del exterior de la iglesia, declarada monumento nacional en 1912 y Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985, mediante la colocación de sus motivos geométricos originales.

Previamente, con el respaldo de movimientos ciudadanos que habían pedido durante años y con diferentes iniciativas la recuperación de este importante patrimonio histórico, en torno a abril de 2014 arrancaba la primera fase de esta rehabilitación integral, con un coste de un millón de euros y que estaba centrada en las fachadas y elementos exteriores del monumento, incluyendo además las preceptivas catas arqueológicas de carácter preventivo.