El ex juez de Familia Francisco Serrano ha pagado la multa de 2.160 euros a la que fue condenado en la sentencia que le expulsó de la carrera y lo ha hecho con el dinero que ha recibido de la aportación de un centenar de jueces de toda España, según confirmado fuentes del caso.

El magistrado pagó el pasado martes el importe de la multa, que procede de las donaciones realizadas por otros jueces, que han entregado cantidades de entre 10 y 15 euros y que en muchos casos no han dudado en reflejar "su nombre y apellidos" como las personas que realizan el ingreso.

De otro lado, el abogado Miguel García Diéguez, que defendió a Serrano en este proceso, anunció ayer que antes del próximo 31 de diciembre va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la expulsión de la carrera del magistrado.

El ex juez de Familia fue inhabilitado durante diez años tras ser condenado por un delito de prevaricación dolosa en relación con la decisión de ampliar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir en una cofradía de la Madrugada. El letrado explicó que el recurso se fundamentará en las vulneraciones de derechos fundamentales en las que, a su juicio, incurrieron tanto la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó por prevaricación dolosa al juez, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que previamente había castigado la conducta de Serrano con dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa.

El Tribunal Supremo rechazó en noviembre pasado el incidente de nulidad que había presentado el juez contra la sentencia que le inhabilitó y que se trataba de un paso previo y necesario para acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. En ese trámite, el abogado de Serrano alegó que la sentencia del Supremo había vulnerado los derechos fundamentales del magistrado a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y los principios de contradicción, inmediación y oralidad, así como el derecho de defensa.

Entre las "irregularidades" denunciadas destacaba que el ponente de la causa se convirtió en "juez y parte" al subsanar un defecto "insubsanable" en el planteamiento de la acusación particular que representaba a la madre del menor, por cuanto el TSJA le condenó por prevaricación culposa "cuando nadie lo había pedido" y el Supremo no le escuchó a la hora de agravar la condena en la segunda instancia. Frente a este argumento, el Supremo concluyó que "la defensa ha podido, y lo ha hecho, defenderse de la imputación casacional formalizada por la acusación particular conociendo el sentido y alcance de la misma". El Supremo defendió que no realizó una "revaloración de la prueba" porque "el hecho probado no ha ido modificado".

Francisco Serrano está actualmente ejerciendo la abogacía y en breve abrirá un nuevo despacho en Sevilla porque, según declaró en su día, prefiere ser "un abogado libre a un juez esclavo del miedo".