Los jueces amenazan con la huelga para lograr mejoras en la Justicia

  • Las medidas de "presión" incluyen limitar los juicios y concentraciones ante las sedes judiciales.

Una junta general de jueces de Sevilla, en una imagen de archivo. Una junta general de jueces de Sevilla, en una imagen de archivo.

Una junta general de jueces de Sevilla, en una imagen de archivo. / juan carlos muñoz

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La junta general de jueces de Sevilla, reunida este martes, expresó su disposición a adoptar y ejecutar acciones de "presión y medida de conflicto", incluida la huelga, a partir de noviembre próximo si no se desarrollan las 14 reivindicaciones que plantean desde hace meses las cuatro asociaciones judiciales para lograr reformas necesarias para mejorar la Justicia.

La junta de jueces del partido judicial de Sevilla acordó, por unanimidad, reiterar el apoyo prestado el 5 de julio de este año a las propuestas realizadas por la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) de las cuatro asociaciones judiciales -Asociación profesional de la magistratura (APM), Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV); Jueces para la Democracia (JPD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- y suscribir el comunicado difundido por estas asociaciones con motivo de la apertura del año judicial.

Los jueces de Sevilla solicitan que por los órganos e instituciones competentes se dé "satisfacción cumplida", cuanto antes, a la totalidad de las reivindicaciones para la mejora de la Justicia y, como tercer punto del acuerdo, muestran su disposición a la adopción y ejecución de las acciones de presión y medidas de conflicto en apoyo de las reivindicaciones, señalando expresamente la "limitación del número de señalamientos y juicios, la celebración de concentraciones ante las sedes judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia y, en especial, la huelga", todo ello a partir de noviembre.

Con motivo de la apertura del año judicial, las cuatro asociaciones de la carrera difundieron un comunicado conjunto en el que denunciaban la "frustración generalizada por la situación de la Justicia", que según afirmaban, les ha llevado, "tanto colectivamente, a través de las asociaciones, juntas de jueces y reuniones formales de tribunales colegiados, como individualmente, a expresar de forma pública el descontento y a facilitar al Ministerio, al CGPJ y a los grupos parlamentarios, un listado de propuestas de mejora tendentes a lograr un servicio público ágil, eficaz y de calidad, y unas reivindicaciones profesionales y de servicio público que permitan el desarrollo de la labor en condiciones dignas".

Los jueces reclaman una "reforma en profundidad" del CGPJ fuera de los perfiles presidencialistas que la reforma Gallardón le confirió, con "elección real de los vocales judiciales por los representados". También piden "mayor transparencia, objetividad y consenso en el nombramiento de cargos de designación discrecional, el incremento de plazas judiciales con el fin de que España se equipare a la media de jueces de los países de nuestro entorno, un compromiso decidido por la digitalización y modernización de la planta y los edificios judiciales y una actuación sin fisuras por parte del CGPJ protegiendo la independencia de jueces y magistrados fuera de la política de constante inhibición mostrada en su mandato ante los ataques recibidos en el ejercicio ordinario de nuestras funciones judiciales".

Las 14 propuestas que los jueces consideran necesarias e ineludibles para mejorar la Justicia tienen diferentes destinatarios: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Congreso de los Diputados, ante cuya Subcomisión de Justicia comparecieron los líderes de las cuatro asociaciones en mayo pasado para exponer su visión de la Administración de Justicia a los miembros del Parlamento.Entre las reivindicaciones destacan medidas para reforzar la independencia judicial y que se dirigen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, abogan por que el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial se realice por los jueces, "asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías".

Además, consideran que el CGPJ debe amparar "de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia, y en este punto señalan que "resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los artículos 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces".

Asimismo, piden un proceso "transparente" y que se fijen unos criterios de "mérito y capacidad e igualdad de género" para los nombramientos de los altos cargos judiciales. También reclaman la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

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