El último recuento de autorizaciones para transporte de viajeros del Ministerio de Fomento refleja que a fecha de 2 de enero de 2018, en la provincia de Sevilla hay vigentes 163 licencias de VTC y 2.212 licencias de taxi.

El documento detalla la "distribución de autorizaciones" para transporte de pasajeros, "por provincia y clase", con datos de fecha 2 de enero de este año. En dicho documento figura expresamente que en la provincia de Sevilla, el número de licencias de VTC asciende a 163, es decir seis más que en el recuento anterior, mientras el número de licencias autorizadas para taxi se eleva a 2.212, o sea 13 más que a comienzos de diciembre.

En el caso de Sevilla, el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.

No obstante, fruto de las gestiones del sector del taxi con la Junta de Andalucía en demanda de un refuerzo de las labores de inspección, la Administración andaluza sopesaría entre otros aspectos la idea de generar un banco de datos sobre las licencias de VTC para mejorar las tareas de inspección sobre las mismas, a través de una página web.

En paralelo, la Unión Nacional de Autoturismos (Unauto), que agrupa al sector de los VTC, viene denunciando la "insostenible situación de violencia" que sufren los conductores que ejercen esta actividad en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify, a manos de taxistas.

Investigación judicial

En ese contexto, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla tiene incoadas unas diligencias por los presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos por los conductores de vehículos de transporte concertado. En la causa judicial, por cierto, figuran "en calidad de investigados" el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero.

La causa judicial deriva de la investigación promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, que llegó a sumar un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense, donde se sitúa por cierto la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.