Silva dará clases en la UPO con el apoyo del PP

  • Compatibilizará su cargo con la docencia y cobrará 200 euros al mes por tres horas semanales

La sentencia que acusó a Francisco Manuel Silva (IU), delegado de Deportes, de haber cesado a un funcionario del IMD por el caso del robo de la cubierta de la Copa Davis "para diluir su responsabilidad" a sabiendas de que mentía en su argumentario, no tuvo paradójicamente cabida en el Pleno celebrado ayer. Ninguno de la media docena de ediles del PP que tomó la palabra en la sesión utilizó este fallo judicial para atacar y criticar la acción de gobierno sobre la persona de Silva que, todo lo contrario, salió del Pleno con el respaldo unánime a que compatibilice su dedicación pública como edil con la docencia en la Pablo de Olavide, donde dará clases tres horas semanales con una retribución neta de algo más de 200 euros al mes, informó el grupo de IU.

El PP apoyó la compatibilidad pese al veto que el gobierno local impuso a la edil popular María del Mar Sánchez Estrella de mantener su puesto de trabajo en Canal Sur y dedicarse al Consistorio a media jornada. La propia Sánchez Estrella criticó la "doble vara de medir" e intentó sacar a colación sin éxito el precedente de Aurora Atoche (PSOE), que compatibilizó durante un tiempo su cargo municipal con el de responsable de la obra cultural y social de Cajasur. Torrijos (IU) le recriminó que quisiera cobrar dos sueldos al pretender seguir en Canal Sur como primera actividad y relegar la municipal como "complementaria", lo contrario, según adujo, que Silva, que pone como primera actividad la Concejalía y su derecho después a complementarla con la docencia en la UPO varias horas a la semana. El portavoz de IU recordó que otro concejal en compatibilizar cargo y docencia es el popular Gregorio Serrano.

Por su parte, el concejal socialista Francisco Fernández defendió también a su compañero de gobierno Francisco Manuel Silva e indicó que, en el caso de la compatibilidad que reclamaba la edil del PP, había en juego "elementos morales" porque Sánchez Estrella pretendía, a su juicio, "cobrar de dos entidades públicas".

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