El Supremo investigará a José Luis Sanz por el caso de los informes de una frase

La juez aprecia "indicios" para imputar al regidor por los contratos del edil de Medio Ambiente  Afirma que se borraron documentos y se elaboraron informes a posteriori para justificar el cobro

El Tribunal Supremo investigará la presunta participación del alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), en las supuestas irregularidades relacionadas con la causa en la que se investigan los informes de una frase por los que el Ayuntamiento de esta localidad pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes al actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, quien iba en las listas del PP pero no resultó elegido en las anteriores elecciones. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores Canales, ha decidido remitir al Alto Tribunal la causa para que sea este órgano el que investigue los posibles indicios de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación contra José Luis Sanz, dada su condición de aforado por ser senador, y al estimar que "existirían indicios que pudieran determinar la imputación" del regidor.

El alcalde de Tomares fue considerado durante mucho tiempo un firme aspirante a suceder a Juan Ignacio Zoido al frente del PP andaluz y candidato a la presidencia de la Junta, aunque finalmente la dirección del partido optó por Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora se ve inmerso, en plena recta final para las elecciones europeas, en una investigación judicial en la que ya están imputados cuatro de sus concejales: el edil de Presidencia y secretario provincial del PP, Eloy Carmona; el propio Juan Campos; la edil de Cultura, Mercedes Fuentes; y la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez.

El auto de inhibición al Supremo, que tiene fecha del pasado 30 de abril, recuerda que el alcalde firmó en octubre de 2007 un contrato "menor de consultoría y asistencia" para la "inspección de los servicios de limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras", que llevaba aparejada una cantidad fija de 975 euros al mes y otros 150 euros por cada "informe de especial complejidad" que realizara. El contrato se había firmado por un año y no se estipulaba su renovación, si bien Juan Campos siguió facturando en los años 2008 y 2009. La mayoría de los informes por los que se pagaron esos 150 euros en cada ocasión se limitaban a una única frase o línea, e incluían consideraciones muy genéricas.

Tras la investigación encargada a la Policía Judicial, que intervino diversos ordenadores en el Consistorio, la juez señala que las diligencias practicadas en relación con los informes aportados por Juan Campos "ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas", y considera que se ha acreditado la "veracidad" de las afirmaciones de un técnico que declaró que el concejal le pidió que elaborara "informes para aportarlos". El informe de la Policía Científica concluye que esos documentos fueron "elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año", si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que, "en su caso, Campos elaboró los informes que aporta". Dice la juez que incluso las fotografías que ilustran los informes "no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores" (2011 y 2012) y de ahí concluye que no se ha acreditado que el actual edil de Medio Ambiente "elaborase informe alguno en tal periodo" ni se ha esclarecido "qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas que emitía". Añade la instructora que se ha intentado afirmar que el concejal "informaba verbalmente" de sus gestiones, pero esta afirmación "difícilmente justificaría el cobro de las cantidades correspondientes según el contrato suscrito" para hacer "informes de especial complejidad".

Campos cobró un total de 52.454,88 euros, pero la juez entiende que el contrato suscrito sólo ascendería a 24.525,8 euros, puesto que un documento firmado el 6 de mayo de 2008 por el alcalde, Eloy Carmona, y el interventor -también imputado- señala que el gasto máximo era de 18.000 euros más IVA por la "ejecución del servicio de vigilancia y coordinación en materia de Medio Ambiente, Tráfico y Seguridad Vial".