Ocho años después del escándalo del caso Mari Luz, que destapó un error en la tramitación de la ejecución de una sentencia, la situación de la Justicia en Sevilla sigue siendo muy alarmante. La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) correspondiente al año 2015, que ayer presentó en Granada el presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, califica de "muy preocupante" la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes no sólo en Sevilla, sino en toda la comunidad autónoma, dada la "elevada pendencia" que presentan los juzgados y tribunales, y todo ello a pesar de la "buena labor" realizada durante el año pasado por los jueces andaluces, en que el número de ejecuciones resueltas supera ampliamente a las registradas.

Las cifras hablan por sí solas. En los juzgados de Sevilla hay 104.476 sentencias y resoluciones firmes pendientes de ejecutar, de las cuales 85.416 pertenecen a la jurisdicción Civil y 19.060 a la Penal. Se trata del mayor volumen de sentencias y resoluciones sin ejecutar de toda Andalucía, donde a finales del año pasado quedaban por ejecutar 455.296 resoluciones firmes.

Los juzgados y tribunales de Sevilla, según la memoria del TSJA del año pasado, acumulan más de una cuarta parte de las ejecuciones pendientes, y todo ello sin contar las resoluciones pendientes en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativo, que también se encuentran colapsadas por la sobrecarga de trabajo que se ven obligados a soportar los jueces destinados en estos órganos judiciales.

Las ejecuciones civiles y penales han subido en Sevilla el último año, a pesar de que en ambos casos se resolvieron una cifra mayor de las que ingresaron. Así, en la jurisdicción Penal se registraron en Sevilla 16.514 y se resolvieron 22.440, por lo que quedan pendientes 19.060; mientras que en la jurisdicción Civil se registraron 25.818 y se resolvieron 30.041, por lo que quedaron pendientes 85.416.

El dictamen del TSJA concluye que la pendencia de las ejecuciones penales sigue siendo "excesivamente elevada", lo que conduce a reiterar la necesidad de que se pongan en marcha "servicios comunes de ejecución de forma generalizada" en los partidos judiciales que cuentan con juzgados de lo Penal. Ésta es la medida que, según la radiografía del Alto Tribunal andaluz, puede ser la medida que "casi con toda probabilidad puede resultar más efectiva de cara a reducir esa elevada pendencia de ejecuciones penales", que ha subido en Sevilla y Granada y ha descendido en el resto de provincias.

En cuanto a las ejecuciones civiles, la memoria coincide en que la situación sigue siendo "muy preocupante" y genera un "grave quebranto" del derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales que recoge el artículo 24 de la Constitución, en lo que se refiere al derecho de los ciudadanos a la "ejecución de lo juzgado", precisa.

En la jurisdicción Civil las ejecuciones resueltas han superado a las registradas por tercera vez en los últimos, aunque el TSJA anticipa que va a resultar difícil mantener ese "loable esfuerzo resolutivo" de los jueces ante la "infradotación de medios personales y materiales existente en los órganos de la jurisdicción Civil con relación a la carga de trabajo total que soportan".

Por lo que se refiere a la Audiencia Provincial de Sevilla, las ocho secciones que la componen -cuatro penales y cuatro civiles- ingresaron el año pasado un total de 11.111 asuntos, de los cuales 7.312 entraron en las secciones de lo Penal y 3.799 en las Civiles.

En la jurisdicción Penal se registraron un 5% menos de asuntos que en el año 2014 y como se han resuelto 7.660 casos, la pendencia ha disminuido hasta 1.605 asuntos. En estas secciones -Primera, Tercera, Cuarta y Séptima- se iniciaron 424 procesos penales en primera instancia, la mayoría procedimientos abreviados, aunque hay un 33% de sumarios y un 1% de procedimientos de la ley del tribunal del jurado. Se presentaron 6.888 recursos, en su mayoría apelaciones por delitos -lo que supone el 17%- y de juicios de faltas -el 14%-.

En el caso de las secciones Civiles de la Audiencia -Segunda, Quinta, Sexta y Octava-, ingresaron 3.799 asuntos y se resolvieron 3.549, un 2% menos que el año anterior, aunque la cantidad de asuntos pendientes a final de año ha crecido un 19%. Se registraron en estos tribunales 3.646 procesos en segunda instancia, de los que un 23% son recursos de juicios ordinarios y un 7% de verbales.