En política, sobre todo en el ámbito de la democracia formal -el verdadero ejercicio de esta forma de gobierno requiere la participación de los ciudadanos más allá del hecho de votar cada cuatro años-, cualquier decisión debe tener una explicación pública. Ser argumentada. Esta exigencia implica que, a su vez, todas las razones de gobierno pueden ser cuestionadas con argumentaciones opuestas, generalmente procedentes de la oposición. Se supone que de tal dialéctica deviene la riqueza y pluralidad del sistema. Los partidos políticos juegan en su seno un rol protagonista. Los ciudadanos, en cambio, tienen el papel de jueces, una tarea cuyo ejercicio requiere necesariamente de un elemento básico: el libre acceso a la información.

En el Ayuntamiento de Sevilla este juego de equivalencias va camino de quebrarse tras la decisión de PSOE e IU de sacar de algunos organismos municipales al PP, el único partido de la oposición tras la desaparición política del PA de la Plaza Nueva. Una envolvente con carga de profundidad que tuvo su primer episodio en las restricciones impuestas hace unos meses por el gobierno municipal en las vías de acceso a los acuerdos y expedientes municipales y que ahora ha tenido dos réplicas más: la salida del consejo de administración de Emasesa del PP y la exclusión de esta misma fuerza política -con el 41 por ciento de los votos- de la Fundación De Sevilla, consorcio que agrupa a las distintas entidades anónimas de capital municipal.

La estrategia no se ha completado aún en el resto de sociedades y organismos locales -el PP todavía está en los consejos de administración de Emvisesa, Tussam, Lipasam y Sevilla Global, además del Instituto de Deportes y la Gerencia de Urbanismo- pero tal molestia se ha salvado con el viejo procedimiento de descafeinar estos órganos de representación -una réplica menor del Pleno- para llevar casi todos los asuntos de enjundia a las comisiones ejecutivas, donde sólo se sientan PSOE e IU. Aparentemente se guardan las formas, pero en la práctica se dificulta el juego de la oposición, cuyo acceso efectivos a los documentos oficiales suele producirse siempre a posteriori.

En realidad, ninguna de estas prácticas es nueva en el Consistorio. De hecho, quienes ahora dicen sentirse víctimas -el PP- pusieron en escena idénticas tácticas en los años noventa, cuando gobernaron la ciudad con el respaldo del PA. En aquellos momentos la polémica fue parecida a la actual, sólo que, con los actores políticos invertidos: PSOE e IU, entonces en la oposición local, criticaban a andalucistas y populares por restringir su acceso a los órganos democráticos. Nada nuevo, pues, bajo el sol. Más bien la misma obra teatral con personajes alternos.

Los argumentos de entonces y los de ahora también presentan una curiosa similitud; en especial en Emasesa, donde en los 90 se alegaba, igual que ahora, que la expulsión de la oposición obedecía a la necesidad de dar acomodo en el consejo de administración a los municipios provinciales atendidos por la empresa. Entonces estos consistorios debían formar parte de la sociedad por su condición de clientes. Ahora deben serlo dado el hipotético proyecto de conversión metropolitana de Emasesa. En cualquier caso, el resultado último es dejar sin su sitio a la oposición.

La novedad estos días consiste en las formas y en los foros donde se decreta esta especie de apartheid político, ya que en los años 90 no existía la actual profusión de organismos municipales. También se han producido variantes en relación al argumento básico y a la escenificación. Durante la etapa de andalucistas y populares se buscaba "agilizar la gestión de las empresas municipales", rindiendo cuentas a la oposición en el Pleno. Era una decisión del alcalde, que presidía todas las empresas. Ahora, en cambio, la coartada es dar entrada a la "sociedad civil", que es la suma de los sindicatos, entidades como las asociaciones de los consumidores o plataformas como la confederación de minusválidos. Una decisión, inédita en la historia municipal reciente -hecho que el gobierno local considera todo un mérito-, pero que, sospechosamente, parece llevar siempre aparejada la salida del PP. Nunca se menciona, sibilinamente, la tercera vía: dar entrada a todos estos colectivos sin tener que excluir a nadie, una tarea acaso burocrática -hay que cambiar estatutos y cumplir otros trámites- pero que garantizaría un espectro social más amplio en todas estas entidades. Tampoco deja de sorprender la puesta en escena: siendo todas ellas decisiones colegiadas entre PSOE e IU, el protagonismo lo ha llevado siempre el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU). ¿Mera casualidad o un acuerdo tácito?

En todo caso, el hecho más trascendente no es la ausencia de los ediles del PP de estos órganos de representación, sino los límites al acceso a la información que el Consistorio ha decretado para los concejales -esencialmente del PP- y, en definitiva, para los ciudadanos, cuya tarea de enjuiciar a sus representantes resulta inviable ante la falta de datos. Esta decisión se ampara en una sanción de la Agencia de Protección de Datos impuesta al gobierno por haber incluido en los ficheros municipales datos personales de trabajadores y cargos municipales. Una circunstancia que acaso obligase a extremar los controles internos, pero que, de todas formas, no obligaba a limitar la labor de la oposición. No en vano, quien elaboró estos ficheros no fue el PP, sino la coalición PSOE-IU.