La demanda judicial de la empresa Iniciativas Aparca contra el Ayuntamiento de Sevilla por la imposibilidad de construir cuatro de los seis aparcamientos que le adjudicó el gobierno anterior está ya en su fase final, en el trámite de conclusiones de las partes. La sentencia se espera para febrero de 2012 y el juez dirá si cabe anular el concurso e indemnizar al demandante con los siete millones de euros que pide. Con los intereses de demora esta cifra se ha elevado a 8,8 millones.

En el juicio declaró en septiembre la jefa de servicio de Proyectos y Obras de Movilidad, R. G. C., que participó en todos los trámites de la contratación de los parkings. Su testimonio ha arrojado luz sobre la exclusiva responsabilidad del Consistorio en que esta empresa no pudiera construir los cuatro aparcamientos subterráneos previstos en las barriadas de Las Almenas y Las Golondrinas, y las avenidas Sánchez Pizjuán y San Lázaro al tratarse de suelos privados, según consta en escrito de conclusiones presentado al juzgado por la empresa.

La empresa de los seis parkings es la única que ha seguido adelante con su demanda contra el Ayuntamiento registrada en marzo de 2010. Sólo pudo ejecutar los dos de Triana: en la avenida de Coria y en Crucero Baleares (ronda de Triana), los únicos que estaban en suelo público.

La otra adjudicataria, Equipark (ahora Resipark 2011), no ha llegado a construir ninguno de sus 13 aparcamientos pese a que cinco de ellos estaban en suelo público. Retiró el recurso judicial que presentó en 2010 pidiendo más de 26 millones de indemnización, a cambio de firmar un convenio privado con el anterior delegado de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE). Este convenio pretendía cambiar parcialmente el contrato público de sus 13 parkings adjudicados, de forma que anulaba siete y seguía adelante con seis. Este documento ha sido puesto ahora en tela de juicio por el actual Ayuntamiento del PP, que no le otorga validez alguna a ese pacto privado y ha encargado estudios jurídicos para rescatar la concesión.

En su declaración el pasado septiembre ante el Juzgado Contencioso Administrativo 9 de Sevilla, la jefa de servicio de Proyectos y Obras de Movilidad admite que el retraso en poner a disposición del concesionario los suelos de Las Golondrinas, avenida Sánchez Pizjuán, San Lázaro y Las Almenas es achacable al Ayuntamiento, y asegura que "el concesionario no tiene causa en el retraso". La funcionaria señala "a otro órgano del Ayuntamiento" como causa de la falta de ejecución de estas infraestructuras.

Sobre este punto, el escrito de conclusiones recuerda que el secretario general y el interventor general del Ayuntamiento advirtieron [en 2009 a Movilidad] que hubo imprevisión municipal y una inadecuada redacción del anteproyecto que sirvió para adjudicar el contrato de los aparcamientos, ya que en su mayor parte se adjudicaron en suelos privados, lo que hacía imposible que el Ayuntamiento los pusiera a disposición del concesionario y por tanto también su construcción era imposible.

La empresa defiende su derecho a resolver el contrato de los cuatro aparcamientos y a ser indemnizado por los incumplimientos achacables al Ayuntamiento y por el desvío de servicios de 1,5 millones que ejecutó en Las Almenas antes de saberse que era un suelo privado de imposible construcción. Según consta en el escrito de conclusiones de la concesionaria, "el Ayuntamiento incumplió sus obligaciones esenciales derivadas del contrato de concesión de obra pública al no aprobar en tiempo y forma los proyectos de construcción de los aparcamientos, no poniendo a su disposición los terrenos establecidos para la ejecución de la obra e impidiendo el cumplimiento del contrato".

Un contrato de 2006

El Ayuntamiento adjudicó en julio de 2006 a Iniciativas Aparca la concesión y explotación de los seis aparcamientos. La licitación se hizo con "anteproyectos de mínimos" que las empresas tenían que convertir en proyectos definitivos. Los encargos simultáneos perseguían reducir los costes directos e indirectos sensiblemente. Se licitaron por 18,7 millones de euros.

La empresa defiende que presentó en plazo los proyectos constructivos de los seis aparcamientos el 22 de septiembre de 2006. El Ayuntamiento le aprobó seis meses después, el plazo máximo legal, los dos de Triana, pero nunca hasta hoy aprobó los cuatro restantes. En 2008 le comunica al concesionario que los suelos eran privados y que iba a cambiar el contrato para hacerlos en otros terrenos. La empresa reclama sin éxito que se anule el contrato y acaba acudiendo a los tribunales.

El secretario y el interventor del Ayuntamiento del Ayuntamiento advirtieron al anterior gobierno local en 2009 que no podía cambiar el contrato público de los parkings por contravenir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Advierten que no hay causas imprevistas que permitan modificar el contrato y que hubo imprevisión en la redacción de los anteproyectos al no repararar con antelación la titularidad de los suelos que adjudicarían.