La Inspección Provincial de Trabajo de Sevilla, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento hispalense en el que otorga seis meses para adoptar medidas en la sede municipal de la calle Crédito –que alberga la junta municipal de distrito y dependencias de la Policía Local–, con el objeto de asegurar la ausencia de riesgos para el personal derivado de la existencia de fisuras, así como para que los vestuarios y aseos cumplan con lo dispuesto en la normativa que se considera infringida.

En el requerimiento de la Inspección, al que tuvo acceso Europa Press, se recuerda que en la evaluación de riesgos formalizada en el año 2000, cuando la dotación de policías era de 30 –en 2008 ya había 58 efectivos asignados al centro–, “ya se contemplaban todas las deficiencias que permanecen al día de hoy, lógicamente agravadas por el aumento del personal usuario del mismo”.

De esta manera, la Inspección de Trabajo, a petición de los sindicatos municipales, detectó grietas y fisuras en muros, revestimientos y falsos techos de escayola “que pueden provocar desprendimientos parciales de materiales sobre los trabajadores y funcionarios”, y una dotación “insuficiente” de urinarios, lavabos, inodoros y duchas en los cuartos de aseo.

Trabajo también constató en su visita la utilización como almacén de materiales de varios de los servicios existentes y una dimensión “insuficiente” de vestuarios, así como dotación reducida de taquillas, “deterioradas”, espejos y asientos.

La Policía Local, de hecho, convocó por esta causa el pasado 1 de julio un full-monty callejero para denunciar la situación, pero la protesta quedó suspendida al abrirse un diálogo entre los sindicatos y el Consistorio hispalense.

En un informe redactado sobre la situación del inmueble, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) consideró que “no se cumplen las superficies mínimas por trabajador, ni las condiciones necesarias para las instalaciones de vestuarios y aseos”. 

De esta manera, el sindicato policial propuso el estudio de la reubicación de estas dependencias “por no existir suficiente espacio” para cumplir con la normativa que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, “debiéndose garantizar también la seguridad estructural del edificio mediante las actuaciones necesarias del Servicio de Edificios Municipales”.