La dirección de Tussam considera inevitable la huelga de este viernes en los autobuses urbanos y el tranvía de Sevilla porque no está dispuesta a ceder a la exigencia del comité de los trabajadores de que se retiren los expedientes abiertos a ocho conductores acusados de romper lunas en la huelga de mayo de 2007. Según fuentes municipales, la empresa está decidida a expedientar laboralmente a estos empleados para que los hechos "no queden impunes, aunque no se llegue al despido" y quede claro que quien daña a la empresa tiene que pagarlo.

"Nunca puede ganar la violencia", opinó ayer el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, en declaraciones a la prensa. Aún así, Tussam insiste en que sigue abierta a negociar los demás puntos del conflicto y cuestiones que plantean los sindicatos CCOO y SITT (escisión de UGT) con el objetivo de que se imponga el diálogo, en palabras de Monteseirín.

El comité de los trabajadores dio ayer el tercer plantón a la dirección en la negociación para evitar la huelga convocada para el viernes y para toda la semana de Feria, lo que confirma aún más que los paros son inevitables, una opinión que comparte plenamente el dirigente de CCOO en Tussam, Miguel Pereira.

La empresa teme que se produzcan pinchazos masivos de ruedas de autobuses en caso de prosperar la huelga. En los incidentes de 2007, unos 200 autobuses sufrieron daños sobre todo en los cristales.

Por lo que respecta a la denuncia judicial que presentó la empresa por los ataques a la flota en la última huelga, fuentes municipales niegan que el caso se haya archivado ya por segunda vez, como sostiene la defensa de los acusados, aunque admiten que "es muy probable" que se archive en la jurisdicción penal ante la dificultad de imputar un daño concreto a cada uno de los ocho conductores acusados. Esta dificultad deriva del hecho de que la Policía que detuvo a cinco de ellos e identificó a otros cuatro no puede precisar qué daño hizo cada uno y contra qué línea.

Desde aquellos incidentes, siempre según fuentes municipales, la situación de los ocho (todos afiliados sindicales) es la siguiente: uno se puso a trabajar, otro pidió disculpas (y renunció a seis meses de empleo y sueldo), tres se dieron de baja y cuatro fluctúan entre periodos de baja y de trabajo.

Respecto al fondo del conflicto, las fuentes consultadas afirman que el comité de empresa lleva varios días sin sentarse a negociar, entre otras razones, porque quiere que se le pague a los sindicalistas las horas que han pasado negociando.

Buena parte de los problemas generados entre la plantilla y la dirección de Tussam en los últimos años se derivan claramente del convenio colectivo que firmó con los trabajadores el entonces concejal socialista Blas Ballesteros, durante el primer mandato de Monteseirín (1999-2003). El documento incluye cuantiosos privilegios laborales a los que se resiste la dirección actual de la empresa.