Tussam no hará un tercer intento de venta de la parcela de su propiedad en la calle Diego de Riaño. La operación queda aplazada sine díe. Tan es así que la sociedad municipal pospone cualquier intento de enajenación de la finca a la recuperación del mercado inmobiliario. La parcela queda por el momento asignada a los activos de una empresa que vio en esta operación una oportunidad de reducir la deuda que lastra su futuro. Tanto el gobierno anterior de PSOE e IU como el del PP se han topado de una u otra manera con la crisis económica a la hora de vender unos de los principales activos de Tussam: la sede de sus antiguas oficinas a la vera misma del Prado de San Sebastián, donde convergen las líneas del transporte urbano más importantes.

La empresa promovió en 2008 un concurso público para la enajenación del edificio en 13 millones, pero quedó desierto al no recibirse ninguna oferta, por lo que la sociedad apostó por un procedimiento negociado con una baja en el tipo de licitación de un 10%. El resultado fue desierto.

El precio establecido resultaba elevado para un mercado inmobiliario que ya daba las primeras señales de desplome. En diciembre de 2008 se convocó un nuevo procedimiento abierto para la enajenación, con un precio de licitación de 9,5 millones.

A pesar de la amplia difusión dada a esta convocatoria no se recibió ninguna oferta. No obstante, una empresa inglesa manifestó su interés en la adquisición del inmueble para construir un hotel, incluso manteniendo el precio de compra de 9,5 millones de euros. Tras ser declarado desierto este segundo concurso se inició un nuevo procedimiento negociado, que culminó con la suscripción el 30 de junio de 2009 de un contrato privado de compraventa, en virtud del cual la sociedad Citygrove compró a Tussam la parcela, acordándose diferir la transmisión de la propiedad a la fecha en que se otorgase la correspondiente escritura de compraventa.

El presupuesto de Tussam de 2010 incluyó los ingresos por la venta del edificio. Durante ese año, Citygrove gestionó la concesión de las licencias de demolición, obra y actividades ante la Gerencia de Urbanismo. Tras la obtención de los dos primeros permisos -que eran condiciones indispensables para que se efectuara la compraventa-, Tussam puso a disposición de la compradora la totalidad de la finca con el fin de que pudiera proceder a la demolición del inmueble, en estado ruinoso. La empresa de transportes gestionó incluso un préstamo con la garantía de dicha venta, que habría de ser devuelto una vez fuera firmada la escritura de compraventa y efectuado el cobro.

Durante el año 2011 el comprador procedió a demoler, a su cargo, el ruinoso edificio, así como a efectuar las adecuaciones de terreno requeridas en el contrato, obteniendo también resolución favorable de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en cuanto a la inexistencia de restos arqueológicos en el terreno que pudieran demorar o impedir la futura edificación. La sociedad Citygrove constituyó la sociedad Citygrove Hotel Sevilla Prado, SL cuyo objeto social específico era la construcción y promoción del proyecto para la construcción de un hotel en dicha ubicación. Esta nueva entidad negoció con varias entidades financieras la obtención de la financiación del proyecto.

De todas estas circunstancias, que retrasaron la culminación del proyecto, el comprador mantuvo informado en todo momento a Tussam, por lo que se hicieron las sucesivas novaciones del contrato. Con fecha 11 de octubre Citygrove remitió una carta a Tussam en la que manifestaba que, a pesar de su interés en la construcción del proyecto, resulta imposible su ejecución por la dificultad en la obtención de financiación suficiente, derivada del agravamiento del entorno financiero y de la situación económica generalizada, por lo que la entidad solicitó a Tussam la resolución del contrato de mutuo acuerdo, dada la inviabilidad económico-financiera de su proyecto inmobiliario.

La empresa compradora asumió la pérdida del importe de 125.000 euros abonado en la fecha de formalización del contrato a cuenta del precio de la compraventa, como indemnización como consecuencia de la resolución del contrato, asumiendo a su cargo el coste de la demolición del edificio.

Tussam sacó de nuevo a concurso la finca, pero por 6,5 millones de euros, de acuerdo con una nueva tasación. Pero se declaró desierto el concurso después de que la propia Citygrove presentara la única oferta, pero que a juicio de la comisión no cumplía los requisitos.