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Sevilla

El caso de los abusos arrastra a todo el equipo del decano de Educación

  • El rector de la Hispalense nombra como nuevo responsable del centro al profesor Carlos Marcelo, que convocará elecciones

El escándalo de los abusos sexuales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla ha provocado la dimisión en bloque de todo el equipo de dirección del centro, todos ellos personas de confianza del decano Juan de Pablos, que presentó el pasado miércoles su dimisión en el Rectorado.Diferentes órganos sindicales pidieron a la Hispalense, tras conocer la sentencia condenatoria contra el catedrático Santiago Romero, una investigación interna para que se asumieran responsabilidades, además del cese de De Pablos por "encubrir" los hechos.

Juan de Pablos, decano desde 2009, ya declaró que con su cese no asumía ningún tipo de responsabilidad. Su objetivo era el inicio de un nuevo ciclo en el funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la Educación después del escándalo protagonizado por Santiago Romero.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, aprobó ayer una resolución rectoral por la que aceptaba la dimisión presentada por el decano de Ciencias de la Educación y nombraba al catedrático del área de Didáctica y Organización Escolar Carlos Marcelo decano en funciones.

Al cesar también todo el equipo directivo del centro, el máximo responsable de la Hispalense le pidió al nuevo decano la formación de un nuevo equipo en funciones y le instó a que iniciara con "carácter urgente" el procedimiento para la elección del nuevo decano.

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía, por otro lado, anunció ayer que va a pedir la "inmediata" comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, rector de la

Universidad de Sevilla mientras se investigaba el caso del catedrático Santiago Romero.Podemos explicó que con esta comparecencia quiere conocer cuáles son los planes de la Consejería que dirige Arellano, responsable de las universidades andaluzas, para prevenir, perseguir, condenar y reparar "estos intolerables casos de violencia machista institucional así como acabar con las profundas causas estructurales que la provocan y amparan".

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