El 12% de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de alquiler que la Junta de Andalucía posee en Sevilla (en la capital y en otros 86 municipios de la provincia) están ocupadas de forma irregular, según han revelado los resultados de un amplio proceso de "verificación" que la Consejería de Fomento y Vivienda ha desarrollado a lo largo del último año y que ha afectado a la totalidad de su parque de VPO en alquiler de Sevilla. En números absolutos, son un total de 12.600 inmuebles visitados y en 1.465 de ellos se ha detectado alguna situación anómala, que ha dado lugar a la apertura de un expediente con el objetivo de regularizar la vivienda, adjudicándola finalmente a una nueva familia en lista de espera.

Entre las situaciones más frecuentes que se han encontrado están los traspasos no autorizados a terceras personas, el hecho de que el inmueble no sea utilizado como residencia habitual o permanente -algo a lo que se compromete el adjudicatario cuando la acepta- o un inadecuado uso del mismo. Ha habido casos, por ejemplo, en los que se han llegado a encontrar plantaciones de cánnabis en el interior de las casas.

195 inmuebles ya se han adjudicado de nuevo y la cifra aumentará en los próximos meses

De las viviendas verificadas, 3.230 de ellas están de la capital, donde se han detectado 309 situaciones irregulares. La Junta tiene un importante parque de VPO de su propiedad en la zona del Polígono Sur del Sevilla, por ejemplo. El resto se expedientes abiertos pertenecen a municipios de la provincia, donde la Junta también tiene un parque de VPO de alquier importante. Destacan, entre otros, municipios como Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Écija, La Algaba, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca o Utrera.

El proceso se ha llevado a cabo, según la Junta, dentro un "plan estratégico para la mejora de gestión y refuerzo de control del parque público de viviendas". Aunque se ha empezado por los inmuebles de alquiler, la Junta tiene en la provincia de Sevilla otras 8.700 viviendas protegidas en régimen de compraventa y de acceso diferido a la propiedad, similar al alquiler con opción a compra.

Las labores de verificación han sido realizadas por técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda. Fuentes de la entidad explicaron que, una vez que se detecta una situación irregular, se inicia un expediente de desahucio administrativo para que el inmueble sea adjudicado a alguna persona o familia que realmente cumpla los requisitos que prevé la ley y que haga un uso adecuado.

Estos procesos tienen un tramitación larga, que en el mejor de los casos puede prolongarse durante un año. Aun así, el proceso ya ha permitido que se adjudiquen de nuevo en Sevilla 195 VPO de alquiler como consecuencia de los expedientes abiertos. En todos los casos, los nuevos adjudicatarios proceden de los registros municipales de vivienda y han sido valorados por los Servicios Sociales de cada ayuntamiento.

En esta línea, se espera que, con la resolución en los próximos meses de otros expedientes que hay en marcha, el número de pisos de VPO en régimen de alquiler reasignados a nuevos beneficiarios se incremente notablemente, sobre todo a partir del segundo semestre de este año 2017 y a lo largo de 2018.

Según los mismos datos de la Consejería de Fomento y Vivienda, en toda Andalucía se han adjudicado de nuevo más de 850 viviendas afectadas por expedientes y que han terminado siendo desalojadas. La Junta avanza que este "plan estratégico de control" se mantendrá en los próximos años, con la intención de que anualmente se realice algún tipo de verificación de la vivienda.

Hasta que se ha puesto en marcha este "plan estratégico para la mejora de la gestión y refuerzo del parque público" de VPO, hacía varios años que no se realizaban tareas de verificación en el parque de la Junta. Se trata de una labor que, hasta el año 2012, se realizaba con un contrato externo, que incluía también la gestión y administración de los inmuebles.

La estrategia para mejorar la gestión del parque de viviendas de la Junta tiene otra pata importante, además de la verificación: la de intentar ayudar a las familias más desfavorecidas y que, circunstancialmente, tienen dificultades incluso para afrontar los pagos por una vivienda de este tipo, con precios de alquiler reducidos.

Con el objetivo de ayudar a que permanezcan en la vivienda, pueden aplazar el pago de la renta o una cantidad del mismo. Hasta el momento, 22 familias sevillanas adjudicatarias de VPO de alquiler han podido reducir a la mitad sus cuotas. En el conjunto de Andalucía, han sido 714 casos.