Las familias de dos de las víctimas mortales del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998, que causó cinco fallecidos y del que recientemente se han cumplido 10 años, podrían organizar actos conjuntos en señal de protesta por las consecuencias que sufren o han sufrido como resultado de la tramitación de las ayudas realizada por el Ayuntamiento de Sevilla

En declaraciones a Europa Press, la viuda de Tomás Carroza, María del Carmen Rodríguez, relató su experiencia al señalar que su caso fue similar al protagonizado por la presidenta de la Asociación de Víctimas Solidarias creada después del suceso y madre de Ana María Barroso, Ana Albarrán.

En ambas situaciones, el Ayuntamiento de Sevilla tramitó la indemnización como si se tratase de una subvención del Consistorio hispalense a estas familias, lo que propició que Hacienda reclamara un montante económico a las familias de las víctimas. Mientras que actualmente Ana Albarrán debe hacer frente a un déficit de 43.000 euros, María del Carmen Rodríguez tuvo que acometer en su tiempo el pago de unos nueve millones de pesetas.

"El anuncio me cogió de sorpresa, antes del juicio, y pude hacer frente a todos esos intereses, pero a costa de que me embargaran el piso y la nómina", señaló a Europa Press la viuda de Tomás Carroza, que apuntó como una de las causas del resultado final la "falta de competencia" de su representación legal.

Una vez que Ana Albarrán ha anunciado que, si su domicilio es embargado, protestará públicamente a las puertas del Consistorio, María del Carmen Rodríguez dijo que no descarta protagonizar algún tipo de acto, ya sea en solitario o con ella, y que, en cualquier caso, se solidariza con la madre de la joven fallecida en derrumbe del Bazar España. "Ya le he dicho que aunque sea llevarle tabaco a la cárcel", ironizó la afectada.

Por último, señaló que "es de cajón lo mal que ha actuado el Ayuntamiento en este tema", y añadió que no es una cuestión de siglas políticas, "porque unos fueron a ponerme la trampa y los otros me la pusieron".

Ana Albarrán, por su parte, confirmó a Europa Press que ha denunciado ante la jurisdicción judicial contencioso-administrativa la situación derivada de la ayuda "engañosa" y "estafadora" proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla. "Ya que nos han metido en este problema por una subvención nos deberían sacar de él, es lo único que pedimos", aseveró Albarrán, que dijo vivir "con las carnes abiertas cada vez que abro el buzón", en el temor de que algún día pueda encontrarse con una notificación oficial de embargo de su vivienda y tengan que desalojarla, después de que la nómina de su marido haya sido ya embargada. "Esto no está pagado", añadió.

El pasado 31 de diciembre se cumplieron diez años del derrumbe del Bazar España, situado en la esquina de la Avenida Miraflores esquina con la ronda histórica.