Un juzgado de lo Penal ha absuelto a la dueña de un asilo ilegal de 23 delitos contra la integridad moral relacionados con las condiciones en las que vivían los ancianos y por los que se enfrentaba a una petición de 17 años de cárcel, aunque le ha condenado a seis meses por un delito de desobediencia, al no haber clausurado la residencia cuando recibió la orden por parte de la Consejería de Igualdad de la Junta.

La sentencia del juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla reconoce que la acusada, Concepción T. L., alojó desde finales de 2004 en una vivienda rural ubicada en el kilómetro 3 de la carretera de Dos Hermanas a Utrera a un número variable de ancianos a cambio de una prestación económica y todo ello a pesar de carecer de cualquier tipo de licencia administrativa. La denominada residencia El Molino incumplía las condiciones mínimas materiales y funcionales que exige la ley de atención y protección a las personas mayores, presentando "tanto las instalaciones como el servicio asistencial deficiencias" que quedaron recogidas en la inspección realizada por los servicios sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

La Fiscalía había denunciado, en su escrito de acusación, que los ancianos vivían en una situación de "hacinamiento", al sobrepasar las camas instaladas la capacidad de los residentes, que se alojaban en un dormitorio cuádruple, donde la ropa estaba sucia y con "olor a orín", había humedades y se hallaron vacunas "caducadas", así como dos frigoríficos "muy sucios" que contenían alimentos caducados. Según la Fiscalía, las instalaciones no reunían las condiciones de limpieza mínima exigibles a un centro de estas características, y los tres baños que utilizaban los ancianos carecían de la ventilación adecuada y de la adaptación necesaria a sus condiciones físicas.

Pero frente a la acusación de la Fiscalía, la juez entiende que los hechos denunciados "en ningún caso se consideran constitutivos de un delito (y mucho menos de 23) contra la integridad moral, en los términos planteados por el Ministerio Público. Dice la sentencia, que el tipo del artículo 173.1 del Código Penal, sanciona la conducta del que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando su integridad moral, por lo que se trata de un delito que requiere un resultado y una acción concreta sobre una persona.

"Pese a la gravedad de la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, requiere poca argumentación jurídica rechazar de todo punto la comisión por parte de la acusada de una conducta de este tipo, pues no ha quedado acreditado, porque ninguno de los supuestos perjudicados ni sus familiares lo han manifestado, que alguno de los 23 ancianos se viera obligado a realizar acciones o a soportar situaciones contra sus personales criterios éticos y sus principios morales".

La juez asevera que ni siquiera ha quedado probado que la salud física o mental de los 23 ancianos a los que tiene por perjudicados -aunque nueve ya han fallecido- haya resultado afectada por las "condiciones inadecuadas de la residencia que dieron lugar al expediente sancionador". Así, la magistrada señala que de la declaración de los médicos que comparecieron en el juicio se desprende "todo lo contrario", es decir, que los ancianos "se encontraban correctamente atendidos y que dadas las circunstancias de edad comunes a todos ellos, su evolución física era positiva en general". Los propios ancianos que declararon como testigos durante la fase de instrucción aseguraron que "se encontraban muy a gusto en la residencia y lamentaron tener que marcharse, sin que ninguno de ellos o sus familiares se haya personado o reclamado a través de este procedimiento".

El abogado Pedro Mancera, que defiende a la acusada, insistió en que todos los residentes estaban "perfectamente cuidados y atendidos", y añadió que se trataba de un "modus vivendi especial y querido por los ancianos, puesto que encontraban en el campo una vuelta a sus orígenes".