La presunta estafa denunciada por uno de los acreedores de la corporación empresarial Contsa no es la única que está siendo investigada en los juzgados de Instrucción de la capital andaluza.

Un segundo acreedor, del que no ha trascendido su nombre, presentó este mismo mes otra denuncia por hechos similares relacionados con los préstamos participativos a la sociedad Contsa.

Esta nueva acción penal, que hasta ahora no se conocía, es anterior a la que ejerce Manuel Jiménez Hurtado, dado que fue presentada unos días antes del 5 de febrero, fecha en la que el jubilado puso en conocimiento de la Justicia que la empresa Contsa se había apropiado supuestamente de 36.000 euros de sus ahorros.

El caso correspondió al juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que ya ha incoado unas diligencias previas y ha citado a declarar a Manuel Jiménez para el próximo día 22 de febrero, con la finalidad de que ratifique los hechos denunciados, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La casualidad de los turnos de reparto establecidos en los juzgados de Instrucción ha hecho que la denuncia del segundo acreedor, aunque presentada unos días de la de Manuel Jiménez y por la que se incoaron otras diligencias previas, haya correspondido al mismo juzgado de Instrucción, el número 17, cuya juez titular ha decidido acumular ambos procedimientos para tramitarlos en uno solo, al tratarse de hechos similares y en los que hay una coincidencia respecto a las personas denunciadas.

Desde que estalló el escándalo de Contsa, una vez que se conoció que la empresa había presentado un concurso voluntario de acreedores, los pequeños inversionistas se han mostrado a favor de conceder un voto de confianza al presidente de la sociedad, José Salas Bursón. Algunos de los 1.200 afectados por la suspensión de pagos han criticado el inicio de las actuaciones penales por parte de Manuel Jiménez, por cuanto consideran que esta vía penal puede perjudicar sus intereses y le han requerido encarecidamente para que retire la acusación.

De cualquier forma y en el hipotético supuesto de que alguno de los denunciantes desistiera de la vía penal, resultará muy difícil que la actuación judicial no continúe la investigación. Quien no tiene ninguna intención de retirar la denuncia, en principio, es Manuel Jiménez, que ha anunciado que acudirá al juzgado para ratificarla, según confirmaron ayer fuentes próximas al denunciantes, que añadieron que la única forma de que el jubilado desistiera consiste en que se le reembolsaran los 36.000 euros invertidos más parte de los intereses.

Al estar el hecho sub iudice habrá que ver además la postura que adopta la Fiscalía de Sevilla. El Ministerio Público podría estar en contra del sobreseimiento de la investigación e incluso plantearse la posibilidad de actuar de oficio, una vez que ha trascendido que muchas de las personas que firmaron contratos con Contsa invirtieron dinero negro, lo que podría dar lugar incluso a una nueva investigación por un delito de blanqueo de capitales, en función de la cuantía invertida.

Algunos bufetes de abogados de la ciudad están siendo ya consultados por inversores de Contsa que habrían desembolsado cantidades millonarias y que intentan conocer a través de los juristas cuáles son las posibilidades reales para recuperar los capitales invertidos en la inmobiliaria.

Mientras tanto, el empresario José Salas ha convocado una junta de acreedores para el próximo 3 de marzo, en la que pretende explicar personalmente a los 1.200 afectados las circunstancias de la suspensión de pagos y proponerles un plan de viabilidad que permitiría en un año comenzar a entregar dinero a cuenta del capital invertido a aquellos inversores con las necesidades más acuciantes. La fórmula consistiría principalmente en la venta de activos de la empresa, ya que, según ha manifestado el propio Salas, Contsa cuenta con 80 millones de euros en su activo mientras que el pasivo ronda los 54 millones.