La titular del juzgado de Instrucción número de 6 Sevilla, Mercedes Alaya, ha confirmado la imputación del ex delegado de Empleo Antonio Rivas en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa pública mixta Mercasevilla. La instructora ha dictado un auto en el que rechaza el recurso de reforma que presentó la defensa de Antonio Rivas y ha confirmado su imputación al estimar que existen indicios de su posible participación en hechos delictivos. Dice la juez que existen indicios de que Antonio Rivas, "con motivo del desempeño de su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas" que deben ser objeto de una "más profunda investigación", por lo que desestima el recurso de reforma presentado, aunque ahora será la Audiencia la que tenga la última palabra puesto que el recurso se planteó de forma subsidiaria en apelación.

En su argumentación, la juez señala que es un dato objetivo que el ERE de Mercasevilla de 2007 fue autorizado por el entonces delegado de Empleo "por las mismas causas organizativas que el ERE de 2003" de la misma empresa: la sobredimensión de la plantilla, que se hallaba según la juez en una situación muy similar cuando se inicia el segundo expediente. "Indiciariamente parece desprender que en un periodo de dos años la empresa había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primer ERE habían sido despedidos, de forma que la sociedad volvía a tener sobredimensionada la plantilla, siendo excesivo su coste de personal", pero a pesar de ello Antonio Rivas, precisa la instructora, "no apreció la existencia de la menor irregularidad" y aprobó el segundo ERE. "Si la situación descrita podría considerarse grave al tratarse de una empresa municipalizada, aún más si tenemos en cuenta que la financiación del plan de prejubilaciones de ambos ERE sería asumido en su mayor parte por la Junta de Andalucía, extremo del que era conocedor" el ex delegado de Empleo, "derivándose la obligación de pago por parte de la Junta en concepto de prima de cerca de 5 millones de euros por el primer ERE y en torno a los 9 millones por el segundo".

Pero la juez Alaya considera que existieron además otras irregularidades en ambos ERE "cuyo conocimiento" por parte de Rivas, como autoridad laboral, debe ser investigado. Así, la juez recuerda que en el ERE de 2003 se prejubilaron cinco trabajadores con 49 años -la edad mínima era 50- y en el de 2007 se autorizó la extinción de los contratos de cuatro trabajadores que no pertenecían a Mercasevilla, sino a la fundación socioasistencial, siendo ambas entidades diferentes. La juez también considera que debe investigarse si Rivas conocía la inclusión del ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo en una póliza derivada del ERE de 2007, pues aunque el ex delegado "se manifiesta ajeno a todo lo relativo de las pólizas de prejubilación, no parecer ser así del examen de la documentación aportada, donde se contienen importantes muestras del papel activo del señor Rivas en lo concerniente a las mismas".

La instructora concluye que Rivas "ha autorizado múltiples ERE, habiéndose detectado falsos trabajadores en las pólizas de prejubilación", lo que lleva a la magistrada a afirmar que la actuación del ex delegado "no concluía con la mera autorización del ERE", sino que habrá que investigar si "siendo activa su participación posterior en estrecha colaboración con el director general (en alusión a Francisco Javier Guerrero), era conocedor de la inclusión de esos intrusos o de algunos de ellos".