Sevilla

La junta de jueces advierte del "riesgo cierto" de que se repita el caso Mari Luz

  • El juez decano denuncia que "la sobrecarga de trabajo, la falta de personal cualificado y la tardanza en cubrir las bajas" hacen que el margen de error judicial en Sevilla esté "por encima de lo tolerable"

La junta de jueces de Sevilla advirtió ayer de que existe el "riesgo cierto" de que se repita el error por la puesta en libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés debido a la sobrecarga de trabajo que padecen y la sustitución de las bajas de forma "tardía y por personal no cualificado".

La junta de jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria aprobó por unanimidad un comunicado en el que afirman que, mientras persistan las actuales carencias, "el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos".

El comunicado fue leído por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, quien a preguntas de los periodistas declaró que el objeto de la reunión no era apoyar o no al juez de lo penal 1, Rafael Tirado Márquez, que dictó la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, a dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado de su propia hija de 5 años y que era el encargado de la ejecución de la misma, aunque no emitió una orden de busca y captura del sospechoso cuando no se le pudo localizar para notificarle que debía ingresar en prisión.

Jiménez Ballester recordó que el Poder Judicial tiene abierta contra Tirado Márquez una investigación sobre la libertad del presunto asesino de Mari Luz Cortés pese a tener una condena firme por abusar de su hija, pero adujo en su favor que con el reparto de funciones en un juzgado "no se puede hacer al juez completo responsable de lo que ocurre" ya que es "humana y físicamente imposible que una sola persona controle los miles de asuntos que de él dependen".

Según el comunicado de la junta de jueces de Sevilla, si la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no atienden las "seculares peticiones" de aumento de juzgados y plantillas, "estarán asumiendo el riesgo cierto de que se produzcan errores en la tramitación de los procedimientos".

Los jueces criticaron además la actitud en días pasados de los responsables políticos por "criminalizar a otros sin asumir las propias responsabilidades, en precipitados ejercicios de autoexculpación", actitud que, según dijo Jiménez Ballester, "no contribuye a construir la Administración de Justicia moderna, ágil y eficaz que todos deseamos".

A la reunión no asistió el juez Rafael Tirado Márquez, pero la rueda de prensa fue ofrecida, para "escenificar la unión" del colectivo, por el juez de instrucción Carlos Lledó, la juez de vigilancia penitenciaria Carmen Ruiz Mesa y el juez de lo penal Francisco Guerrero, candidato a juez decano en las elecciones del 18 de abril. El comunicado asegura que los juzgados penales adolecen de "sobrecarga de asuntos, falta de personal cualificado y de herramientas modernas y eficaces", situación "que no es nueva y ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones por estas juntas de jueces". La cobertura de vacantes por parte de la Consejería de Justicia de la Junta es "irregular, tardía y por personal no cualificado, circunstancia que incrementa notablemente el riesgo" de errores.

Los jueces exigen emprender reformas legales, estructurales e inversiones, pues "todo lo que no sea esto supone aceptar que los retrasos, errores y disfunciones crecerán exponencialmente, con lo que ello supone de falta de respecto a la ciudadanía".

Por su parte, los secretarios judiciales de lo penal de Sevilla han celebrado otra reunión para denunciar que su "volumen de trabajo está en un nivel por encima de lo controlable", además de para hacer público el problema que sufren de "plantillas escasas, que todos los poderes públicos conocen", según dijo a la agencia Efe un portavoz de los reunidos.

Asimismo, los vocales de la minoría del CGPJ retiraron ayer su propuesta de reprobación del portavoz de este órgano Enrique López por pedir que se abra el debate sobre la conveniencia de aplicar la cadena perpetua a los delincuentes sexuales al darse por satisfechos con sus explicaciones.

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