El caso del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 y que causó cinco víctimas mortales, cumple diez años.

Esta fecha coincide con el anuncio por parte de la familia de una de las víctimas, la joven de 17 años Ana María Barroso Albarrán, de que ha denunciado ante la jurisdicción judicial contencioso-administrativa la situación derivada de la ayuda "engañosa" y "estafadora" proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla, y que ha propiciado que Hacienda les reclame un montante de 43.000 euros por haber sido la indemnización declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.

La madre de la joven y presidenta de la Asociación de Víctimas Solidarias creada después del suceso, Ana Albarrán, explicó a Europa Press que después del último contacto mantenido con la otrora directora general de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y actual delegada municipal de Bienestar Social, Emilia Barroso, "ésta nos dijo que no se podía hacer nada y que lo máximo que podían ofrecer era un cheque para comida". "Lo rechacé porque no iba para eso", dijo.

A raíz de estas palabras, y pese a que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y personal municipal aseguraron en todo momento a la familia "que nos iban a abonar esa cantidad", han decidido denunciar el caso en los juzgados, ya que "seguimos sin tener contestación del Ayuntamiento y no creo que la vayamos a tener".

"Ya que nos han metido en este problema por una subvención nos deberían sacar de él, es lo único que pedimos", aseveró Albarrán, que dijo vivir "con las carnes abiertas cada vez que abro el buzón", en el temor de que algún día pueda encontrarse con una notificación oficial de embargo de su vivienda y tengan que desalojarla, después de que la nómina de su marido haya sido ya embargada. "Esto no está pagado", añadió.

La también presidenta de Asociación de Víctimas Solidarias especificó que el principal problema ha devenido de la inclusión de la cantidad pagada como subvención, con los consiguientes impuestos. Sobre Monteseirín, recalcó que "como alcalde y como persona me ha decepcionado, yo no quiero caridad ni una subvención por la muerte de mi hija".

Albarrán recordó que otra de las familias "ha tenido que pagar nueve millones de las antiguas pesetas por lo mismo, ya que les embargaron casa y cuentas corrientes", por lo que instó a las familias que se vean con problemas a "que tengan cuidado con las ayudas solidarias del Consistorio".

Por todo ello, la madre de la joven criticó que "se haya jugado con el dolor de las víctimas" y señaló que durante todos los fines de año desde que el derrumbe se produjese "no celebramos nada". Apostilló que si la situación la obliga a abandonar su domicilio se pondrá delante de las puertas del Ayuntamiento, para dar a conocer su caso.