Sin cerradura en la entrada del bloque desde hace años, la puerta del número 8 de los pisos sociales de la calle Burdeos, en Los Bermejales, siempre está abierta al que quiera refugiarse dentro o en las viviendas que se van vaciando. Un día apareció el atracador de un supermercado contando el dinero en el descansillo, otro día una familia de las Tres Mil huyendo de un tiroteo y cada noche el garaje fantasma, repleto de basura, es territorio exclusivo de los yonkis.

La degradación absoluta de este bloque de 37 pisos tuvo su origen en el vandalismo de un vecino desquiciado y empeoró por falta de fondos en la comunidad para ir arreglando los destrozos. El resultado es que todo está roto o no funciona: el ascensor, el garaje de 500 plazas, las puertas de entrada, los contadores, las ventanas, los buzones, el portero electrónico, los enchufes. Casi nadie paga la comunidad en estas viviendas que gestionaba el Ayuntamiento de Sevilla desde que las entregó en 1996. Desde el año pasado dependen de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa). Integrado en una promoción de 140 pisos sociales donde abundan los impagos y la ocupación ilegal de viviendas, este bloque es el único con problemas muy graves de deterioro.

Las personas que han ocupado ilegalmente varios de estos pisos de alquiler niegan ser responsables del deterioro tercermundista del edificio, que empezó a sumirse en una absoluta degradación a partir de 2002, con la llegada de una familia con un hijo desquiciado -hoy en prisión- que se desfogaba a patadas con todo cada vez que se peleaba con sus padres. "El bloque ya estaba reventado cuando nosotros vinimos hace tres años. El loco que lo partió todo era un joven de 20 años que ahora está en la cárcel; sus padres se fueron del edificio hace dos meses. Los okupas queremos vivir como gente normal. A quien hay que echar la culpa es a ese loco", relataron ayer a este periódico Jésica y Roberto, de 23 y 27 años, padres de dos hijos que ocuparon uno de los bajos al morir la dueña.

Otros okupas, como la jovencísima Ana, pasaron de vivir en una furgoneta del Polígono Sur durante tres años al piso que le dejó su ex pareja al ingresar en la cárcel. Hoy lo comparte con su hijo de dos años y otro hombre amigo de su ex pareja. Está perdida y dice que necesita asistencia social para meter a su hijo en el colegio.

Los hay que tienen la titularidad delpiso y optaron por no pagar, como Fátima, senegalesa de 51 años, porque cuando lo hicieron el bloque no mejoró. "Para vivir peor que en la selva vuelvo a Senegal", se queja esta mujer. La convivencia echa chispas. Uno de los titulares guarda en el piso dos perros embalsamados y hay protestas porque huele mal. Otro tiene la vivienda como almacén pero sin habitarla.

Ningún técnico de la empresa Epsa apareció ayer por el bloque para empezar a regular la titularidad de estas viviendas, en contra de lo anunciado el viernes pasado a la prensa por la Consejería de Vivienda de la Junta. Según fuentes de esta Administración, los técnicos no fueron porque estuvieron trabajando toda la mañana sobre este caso en las oficinas de Epsa y "en los próximos días" se acercarán al bloque. Vivienda añade que la empresa pública empezó en marzo pasado a resolver los problemas comunitarios de esta promoción en los edificios que dan a las calles Bolonia y Berlín, y asegura que en una segunda fase estaba previsto continuar con los bloques de Burdeos y París. De esta primera radiografía se han abierto expedientes por impago, agregan las fuentes.

Que la Administración andaluza dejara para el final el caso más problemático ha inquietado a los vecinos y ha servido al portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, para adelantarse a denunciar a la prensa la situación del bloque 8. Ayer lo hizo por segunda vez denunciando que la Consejería había incumplido su palabra. La Junta ha actuado en otros 92 pisos sociales del barrio.