El sobrecoste real del Parasol, que alcanza los 25,8 millones de euros, casi 8 más de los que en una rueda de prensa pública anunció el concejal de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tendrá que ser cubierto antes o después si el gobierno municipal quiere culminar esta obra. Hasta ahora, el ejecutivo que preside Monteseirín ha iniciado los trámites para abordar una modificación presupuestaria -por valor de 18 millones de euros; el resto de la desviación presupuestaria está pendiente de solución- que todavía tiene que ser dictaminada por el Consejo Consultivo de Andalucía. El motivo de tener que salvar este trámite no es otro que el hecho de el sobrecoste global del Parasol supone más de un 50% de incremento sobre el presupuesto oficial. A partir del 20% es obligatorio contar con el aval de este órgano consultivo.

Urbanismo, que trató de camuflar el porcentaje completo de modificación presupuestaria hablando tácticamente sólo del relativo a la madera -sensiblemente inferior- ha tenido que recurrir al dinero procedente de los convenios urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para apuntalar la situación. No es la primera vez. De hecho, los 25 millones de euros que se entregaron a Sacyr al principio de la obra para que le cuadrasen las cuentas de su plan de negocio -previsto para obtener una rentabilidad del 8%- salieron de esta partida presupuestaria. La primera modificación del proyecto -8,4 millones de euros más; el edil de Urbanismo dijo que sólo eran siete- también se costeó con estos fondos.

La delicada situación de la Hacienda municipal no dejaba otra opción que volver a tirar de esta bolsa de dinero, con la que se han pagado buena parte de los grandes proyectos de la etapa de gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín. En la presentación pública del segundo modificado, Celis dijo en rueda de prensa -sólo a preguntas de los periodistas; su servicio de comunicación no suministró por escrito las cifras relativas a la desviación presupuestaria- que el dinero saldría esencialmente de dos capítulos: los 7,2 millones de pesetas relativos al proyecto para construir un paso subterráneo en el cruce de la Ronda del Tamarguillo con la Avenida de Andalucía (será financiado con cargo al Plan Proteja de la Junta de Andalucía) y la reserva prevista para la expropiación de Tablada (6,9 millones de euros). El resto del dinero, dijo Celis, saldría de "partidas menores". ¿Cuáles? Pues las relativas a los fondos necesarios para redactar los proyectos de los sistemas generales de la ciudad -carreteras, calles, parques, espacios libres, dotaciones- o la reparación de puentes. Dinero que, según el informe de los servicios jurídicos, obligará a reprogramar en parte el calendario del PGOU, que acompasa la construcción de estas infraestructuras básicas con el correspondiente desarrollo urbanístico. Estos fondos, ahora detraídos del presupuestos, deberán reponerse para evitar disfunciones urbanísticas en Sevilla. Otra consecuencia directa de los cambios es la congelación de otro de los proyectos del PGOU: la construcción de la llamada Plaza de las Libertades, un diseño del arquitecto José Morales para renovar la plaza situada frente a la estación de Santa Justa. No habrá fondos para redactar el proyecto técnico pese a ser una promesa del gobierno local, que quería rendir con ella homenaje a los ciudadanos y a la democracia.