Los colegios religiosos dudan de la seguridad del programa Séneca

  • La Federación de centros católicos espera desde hace seis meses que la Agencia de Protección de Datos le diga si puede dar datos de sus alumnos a la Junta

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La Federación de Enseñanza Religiosa de España (FERE) pone en duda las medidas de seguridad del programa informático Séneca puesto en marcha por la Consejería de Educación. En un comunicado llega a decir que "las medidas de seguridad que ofrece el programa en cuestión no cubren, según nuestra valoración, los requisitos jurídicos mínimos impuestos por la Ley Orgánica de Protección de Datos".

Por este motivo, la FERE envió hace seis meses una petición de informe a la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) sobre la información requerida por la Junta para la elaboración del Séneca. El 4 de enero de este año la organización puso en conocimiento de la Aepd los datos solicitados por la Consejería de Educación para este programa con el fin de conocer hasta qué punto estaba garantizada la protección de esa información que quedaría grabada y a la que tienen acceso todos los centros de financiación pública andaluza.

José María Fernández, secretario general de la FERE en Andalucía, explica que quieren conocer "qué tipo de información es necesaria y en qué condiciones está asegurada su privacidad". Fernández abunda en que "solicitamos el informe mucho antes de enviar la circular a los colegios concertados en la que comunicamos que no es necesario aportar una serie de datos personales del alumno. Todavía esperamos la respuesta de la agencia".

La Aepd no se pronuncia por ahora. Ni siquiera para confirmar que han recibido esa petición. Fuentes de la institución aseguran que este tipo de informes requieren de cierto tiempo empleado en el análisis de las leyes vigentes en este ámbito.

El programa informático Séneca tiene entre sus contenidos datos relacionados sobre la violencia escolar en los colegios públicos y concertados de Andalucía. La FERE puso en aviso a los centros concertados de que no existía base jurídica que les obligara a proporcionar una serie de datos personales sobre el alumno agresor. Entre ellos, hacía hincapié, el nombre y apellido de estos menores. Por lo demás, la propia organización alienta a los centros a colaborar para analizar la magnitud de este problema.

La consejera de Educación ha advertido a los centros de que se les abrirá un expediente en caso de no aportar los datos requeridos. Una declaración que ha sido tomada como una amenaza por la FERE. Para Fernández "no tiene sentido que la consejera se ponga a amenazarnos en plena negociación. Tendría que dedicarse a hacer algo más últil".

El presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos (Fecapa) también se ha pronunciado al respecto. José María Rubio considera que "aportar el nombre de los niños agresores es totalmente gratuito, es un dato que se puede obviar, sin que por ello se oculte información".

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