Los comercios de Asunción y Pickman también serán vigilados por cámaras

  • El Ayuntamiento encarga un estudio de viabilidad para instalar cámaras en el centro, Nervión y Los Remedios · El proyecto tiene dificultades legales, ya que no se puede grabar domicilios ni oficinas

El Ayuntamiento pretende ampliar el plan de videovigilancia de los comercios y extenderlo hacia fuera del centro de la ciudad, concretamente a los ejes comerciales de Asunción y Marqués de Pickman y Gran Plaza. La Delegación municipal de Economía, dirigida por Jon Ander Sánchez (IU), ha encargado un estudio de viabilidad del proyecto a la empresa de telecomunicaciones Indra para que analice si el plan es factible y cuál sería el coste total del mismo.

Se trata de un proyecto bastante ambicioso que consistiría en colocar una serie de cámaras que graben las calles en las vías más comerciales del casco histórico, como Sierpes, Tetuán, O'Donnell, Cuna y Puente y Pellón, a las que se suman ahora Asunción y Marqués de Pickman. También se ha planteado que se instalen aparatos de grabación en algunos polígonos industriales.

Una de las finalidades de este estudio es analizar todas las dificultades legales que tiene el plan, ya que proyectos de videovigilancia similares han sido rechazados en los tribunales en otras ciudades de España. El ejemplo más reciente es el de Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad obligó a los responsables del proyecto a destruir las imágenes en el plazo de una semana si no se ha registrado la comisión de ningún delito. Además, prohibía la filmación de domicilios particulares, oficinas, empresas ni locales que necesiten una privacidad especial como pueden ser los centros de estética.

Existen también precedentes en Andalucía, como es el caso de Málaga, ciudad en la que transcurrieron más de diez años desde que se planteó instalar cámaras en la calle hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio el visto bueno. El proyecto de Málaga es además uno de los referentes para los comerciantes sevillanos, por ser el mismo tribunal el que debe autorizar su puesta en marcha.

Con este estudio -que se encargó en el mes de diciembre- el Ayuntamiento pretende impulsar un proyecto que llevaba años estancado debido sobre todo al desacuerdo entre la administración local y los comerciantes acerca de la financiación. Inspirándose en el ejemplo de Málaga, los propietarios de las tiendas pretendían que fuera el Consistorio quien corriera íntegramente con todos los gastos, pero éste se opuso hasta el punto que el plan quedó prácticamente enterrado durante el pasado mandato. Ahora, con la llegada de IU a la concejalía de Economía, el gobierno local parece reactivar el proyecto a través de la agencia Sevilla Global. Sobre la financiación aún no hay ningún acuerdo en firme, pero las posturas no están tan alejadas como antaño y parece que ambas partes podrían aceptar la fórmula de la cofinanciación.

Todo ello depende de los costes del proyecto, que se conocerán una vez que esté terminado el estudio de viabilidad. Los comerciantes ya calcularon en su día que el plan de videovigilancia para las calles del centro alcanzaría un valor de 700.000 euros, según los distintos presupuestos que varias empresas privadas ofrecieron a la asociación de comerciantes del casco histórico. Ahora, con la extensión a Los Remedios y Nervión y a los polígonos industriales, el proyecto sería más caro. Es posible que incluso se necesite de personal para llevarlo a la práctica, porque aún no está definido si será la Policía quien controle las imágenes o si lo harán trabajadores contratados para ello.

La Jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental ya anunció su apoyo a los comerciantes con este plan e incluso tramitó la documentación necesaria para que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla pidiera la autorización ante el TSJA. El propio jefe superior, Enrique Álvarez Riestra, explicó que la instalación de cámaras para grabar las calles podría reducir considerablemente el número de delitos y, sobre todo, de hurtos, en los comercios que estuvieran vigilados por este sistema. En ciudades como Lérida, que ya cuenta desde hace años con este plan en marcha, la delincuencia bajó en un 70 por ciento en aquellas calles en la que se instalaron estos equipos de filmación.

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