El recurso contencioso-administrativo de la asociación Foro Taxi Libre en 2012 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra las nuevas tasas que el Ayuntamiento cobra a los taxistas (600 euros al año) para financiar el rescate de licencias y reducir así el número de taxis de la ciudad apenas ha avanzado en estos casi tres años.

Este cobro, aprobado en Pleno, deriva del acuerdo firmado entre el gobierno local y las dos asociaciones mayoritarias del gremio (Unión Sevillana y Solidaridad del Taxi) en diciembre de 2011 y afecta a todo el gremio pese a que los 2.300 taxistas no son todos socios de ambas. Un 20% del sector no pertenece a las mayoritarias, por lo que no acepta esta tasa y se niega a pagarla. En 2012 la la pagó un 79,29% y en 2013 un 82,5%, según datos del gobierno local.

La defensa de la entidad Foro Taxi Libre, ejercida por el despacho Jiménez Santana, denuncia "los constantes fallos de procedimiento cometidos por la sección tercera del TSJA que preside Victoriano Valpuesta Bermúdez " y añade que "incumple sistemáticamente en plazos y formas la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa que regula las normas de procedimiento". El despacho añade que "se están poniendo piedras en el camino porque el juzgado está escrito tras escrito arreglando sus resoluciones anteriores".

Desde la asociación Foro Taxi, su presidente, Juan Martín Caparrós, considera que estos fallos responden a "una clara intención de dar la razón al Ayuntamiento porque están en juego los ocho millones de euros que se recaudarán por las tasas que se pagan con nuestro dinero" y añade que "una sentencia negativa podría obligar a reclamar las cantidades que el Consistorio obliga a pagar" desde 2012. Foro recuerda que el TSJA declaró nulo en 2006 el pago de una tasa para rescate de licencia, según su propia jurisprudencia de 2006.

El Ayuntamiento está presionando a esos 500 taxistas rebeldes a pagarla por dos vías. Por un lado, embargándoles por vía de apremio las cuentas para cobrarles la de 2012. Foro Taxi señala que la tasa de 2012 no puede exigirse porque era nula: entraba en vigor el 15 de julio de 2012 pero en la práctica no fue así al no haberse publicado en el BOP en esta fecha.

Otra vía de presión para exigir el pago de la tasa se da en la revisión documental anual que los taxis deben pasar. El Ayuntamiento no les da la autorización de esa revisión si no están al corriente de esta tasa. El impago se marca en una casilla pintada a mano con una cruz y da lugar a que el taxista no pueda circular ni ejercer. El Ayuntamiento tiene el listado de taxistas que no han pagado y los coacciona con sanción de 1.200 euros que puede dar lugar a la retirada del taxi. Ante esta amenaza y para poder seguir trabajando, los taxistas rebeldes están pagando el último recibo de 2014.