La pregunta que se plantea cuando se aborda el asunto de la conservación de la Plaza de España es: ¿quién es el responsable? La Ley de Patrimonio de Andalucía es muy clara: el propietario. Pero, ¿quién es el propietario? Aquí empiezan los problemas, porque el monumento de Aníbal González no tiene un único responsable.

Grosso modo, este patrimonio se divide entre el Estado y el Ayuntamiento de Sevilla. Al primero corresponden tanto la zona que se encuentra bajo las arcadas del piso superior y las dos torres, como los famosos bancos cerámicos donde están representadas las provincias españolas, una de las principales atracciones para los turistas.

El Consistorio, por su parte, es el responsable de la plaza en sí, las balaustradas y puentes cerámicos, la jardinería y la ría donde navegan las barcas. Aquí no se agota el problema, porque dentro del Consistorio no hay un solo responsable. Por ejemplo, la jardinería y la seguridad dependen de Parques y Jardines; las farolas de Alumbrado Público, etcétera.

Esta maraña de responsabilidades no ayuda a coordinar la conservación de un monumento que, por la fragilidad del material principal (la cerámica) y por el número de visitas que recibe (además del pertinaz vandalismo de la ciudad), es extremadamente delicado, como se ha vuelto a demostrar un mes después de ser reinaugurado.

Recientemente, poco antes de la reinaguración del conjunto hace un mes, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla redactó un borrador de convenio para, precisamente, crear un protocolo entre las dos administraciones que permita una acción continuada y coordinada en la conservación del edificio más significativo de la Exposición Iberoamericana del 29. Según fuentes municipales, en la actualidad se está a la espera de que el Estado de una respuesta. Por su parte, un portavoz de la Delegación del Gobierno en Andalucía manifestó ayer a este periódico que, en la actualidad, los técnicos del Estado están estudiando el documento para mostrar su opinión.

Este documento es indispensable para la conservación integral del monumento con criterios comunes, como se hace con cualquier gran conjunto patrimonial que se precie.