Una culpa a compartir

  • El escándalo por los errores en el caso del pederasta revela responsabilidades en todos los estamentos judiciales

El Poder Judicial quiere zanjar la crisis abierta por los errores detectados en el caso Mari Luz con la apertura de un expediente disciplinario al juez Rafael Tirado Márquez, que condenó a Santiago del Valle por los abusos sexuales a su hija pero no controló la ejecutoria de la condena para garantizar su encarcelamiento.

El cierre de esta investigación con la atribución, de forma casi exclusiva, de la culpa de estos errores al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, no puede enmascarar la responsabilidad que comparten otros actores que intervienen en el sistema judicial y cuya omisión también ha contribuido a lo ocurrido.

Nadie discute que el juez ocupa el primer puesto en la cadena de responsabilidades: la Constitución le atribuye la obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero con más de 600 sentencias en ejecución no puede exigírsele un control diario sobre las mismas, lo que le restaría un tiempo imprescindible para celebrar juicios y dictar sentencias.

La Consejería de Justicia, que dirige María José López –que ha pedido públicamente una actuación disciplinaria para el magistrado–, alega que el sistema informático Adriano permite un “control permanente” de las ejecutorias y del estado de tramitación en que se encuentran, pero para llevar a cabo esa vigilancia el juez necesitaría como mínimo y dedicándole sólo un minuto a cada pleito alrededor de diez horas al día para consultar en el sistema informático en qué fase se hallan las causas ejecutorias que se siguen en su juzgado.

Como el juez no puede estar al tanto de todas los actos, delega en la secretaria judicial, a la que la ley del Poder Judicial atribuye la labor de impulso procesal, para que se lleven a cabo las decisiones judiciales. En la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle no se realizó ninguna actividad desde marzo de 2006, cuando el juez denegó la suspensión de la condena y les citó para su ingreso “voluntario” en prisión, hasta marzo de 2008, cuando Santiago del Valle fue detenido en Cuenca como principal sospecho del asesinato de la niña onubense.

Un año y medio después de que el juez dictara su última resolución, la secretaria ordenó –en septiembre de 2007– la averiguación del domicilio de la esposa del presunto asesino, pero no se percató de que el funcionario que tramitaba el asunto no había expedido una requisitoria en relación con la localización de Santiago del Valle. Las responsabilidades de estos miembros de la oficina judicial, además de la del juez, resultan evidentes, tal y como ha puesto de manifiesto el informe de los servicios de inspección del CGPJ, que ha acordado remitir la investigación al Ministerio de Justicia, la Junta de Andalucía y la Fiscalía General del Estado para que valoren las conductas de los funcionarios sometidos a su potestad disciplinaria.

Durante los dos años en los que el juzgado no dictó orden de busca y captura de Santiago del Valle, la Fiscalía tampoco adoptó ninguna medida para corregir el retraso en la tramitación. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, abrió de oficio una investigación que concluyó asegurando que su departamento no tiene ninguna responsabilidad en el caso. La Fiscalía alega que sólo puede conocer el estado de la ejecutoria cuando el juzgado le remite la causa solicitando un pronunciamiento concreto y advierte que no dispone de un sistema informático para conocer la situación. Esta exculpación, aunque cierta, obvia que el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal faculta a los fiscales para exigir cualquier actuación al juzgado para velar por el cumplimiento de los plazos y promover las correcciones oportunas.

El escándalo del caso Mari Luz también ha sacado a relucir los fallos de organización de la oficina judicial –cuya reforma está aprobada desde hace varios años pero aún no ha entrado en vigor– y la falta de personal y medios materiales de la Justicia, que en este caso son competencia de la Consejería de Justicia. En el juzgado de lo Penal, sólo había tres funcionarios para atender la sección de Ejecutorias –lo normal es cuatro– y además uno de ellos se dio de baja por enfermedad y su puesto no fue cubierto hasta 40 días después, lo que incidió en un mayor retraso.

También incurrió en una posible falta el juez de la Audiencia que tardó dos años y medio en dictar la sentencia que confirmó la condena a Santiago del Valle, pero su “pasividad alarmante”, como reconoce el servicio de inspección, no puede sancionarse al haber prescrito.

El propio CGPJ también ha reconocido fallos en los sistemas de inspección. La culpa de lo sucedido no es sólo del juez, todo el sistema ha fallado y comparte su responsabilidad, aunque parece que sólo una de las partes tiene intención de depurarlas.

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