ALGÚN sindicato ha dicho que la Orden es: insultante, peligrosa, desenfocada, insuficiente, productivista, oportunista, injusta, ineficaz… En algún medio de comunicación incluso se ha escrito de "incentivos al profesorado por incrementar el número de aprobados". Otros hablan de perfidia; es decir, traición, maldad o deslealtad por cuanto "si te sumas al programa parece que admites tu responsabilidad en el fracaso educativo; si no te sumas, parece que no estás interesado en mejorar el rendimiento escolar".

Peligrosa significa que puede ocasionar daño, que ofrece peligro. ¿Dónde? ¿en qué? desconocemos qué es lo que esta Orden altera. También dicen algunos que es productivista, por tanto la consideran relativa a un interés excesivo por la producción, por el incremento de los rendimientos finales en función de los factores productivos. Mismamente, puede entenderse como algo encaminado a ser útil o provechoso. En contraposición, se califica igualmente como insuficiente, es decir, escasa, no suficiente. Nos parece una incoherencia.

Oportunista, que aprovecha las circunstancias momentáneas para el propio interés. Injusta e ineficaz, nula. Indignante, chantajista... "el timo de la estampita"... Mejor ahorrar comentarios. De verdad, ¿hemos leído la Orden?

Además, es absolutamente falso que sólo se pretenda mejorar el rendimiento académico del alumnado. Cierto que esa mejora es uno de los objetivos que persigue la Orden, pero no el único.

En ningún artículo de la Orden se expresa que el profesorado sea responsable único de la situación de la educación en Andalucía, ni que hasta ahora no hayamos procedido con la debida diligencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones docentes. Pero es cierto que somos los profesionales. Nadie más tiene las competencias que se nos suponen.

La Orden asigna a los equipos directivos una tarea más a las que tienen asignadas: elevar informes sobre el seguimiento del programa, el desarrollo de las medidas adoptadas, la implicación y la valoración de la actuación del profesorado que, voluntariamente, ha suscrito el compromiso oportuno. Preguntamos, ¿no será eso parte fundamental, pero oculta, de los argumentos esgrimidos por quienes no aceptan la Orden?

Es más, discrepamos en el hecho de que el profesorado que esté interesado en implantar en sus centros el Programa de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares no va a poder hacerlo, salvo que la requerida mayoría cualificada de su claustro así lo decida. En este punto, consideramos que debiera procederse a una modificación de la Orden en el sentido de no exigir esa mayoría cualificada de dos tercios del claustro.Y la cuestión es, para finalizar, ¿cuántos de esos programas, proyectos o planes se hubieran desarrollado en muchos centros de requerirse una mayoría previa de dos tercios de los miembros de los respectivos claustros?

Por todo ello, reiteramos la petición: La Administración debe modificar la Orden de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares eliminando ese requisito de mayoría de dos tercios. Y no porque el legislador se haya equivocado a la hora de permitir que el profesorado se manifestara libremente -según algunos, la culpa la tiene ahora quien así nos ha permitido actuar y decidir-, sino porque los resultados posiblemente no sean los deseados.